EEUU acusa a Maduro y a su mujer de "participar en una cultura" de narcocorrupción y terrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado a conocer que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, habrían conformado, junto a otros altos funcionarios venezolanos, una estructura que, según la acusación, mezcló relaciones de poder político con actividades como el narcotráfico y la protección de redes delictivas transnacionales. Según lo publicado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en su cuenta oficial de la red X, la administración Maduro habría permitido que organizaciones de narcotraficantes no solo enviaran dinero a altos cargos venezolanos, sino que también dispusieran de protección policial y facilidades logísticas para transportar cocaína a través del país sudamericano, con destino final a Estados Unidos.

La acusación, formalmente presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala a Maduro, Flores, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro Guerra, hijo único del mandatario, como integrantes de una red que, de acuerdo con el expediente judicial, impulsó “una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. Tal como detalló el Departamento de Justicia, las ganancias provenientes de la cocaína alimentaron tanto a cárteles como a grupos calificados como narcoterroristas, que habrían operado bajo la protección y complicidad de altos funcionarios venezolanos.

El documento judicial recoge que estas organizaciones no solamente interactuaron con dirigentes del gobierno venezolano, sino que recibieron respaldo explícito para llevar a cabo el envío de drogas a territorio estadounidense. De acuerdo con la publicación, el propio Maduro, cuando se desempeñaba como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, facilitó a presuntos narcotraficantes la obtención de pasaportes diplomáticos venezolanos a cambio de facilidades para trasladar drogas desde México hasta Venezuela bajo la protección de inmunidad diplomática.

Según consignó el Departamento de Justicia, entre los cargos que pesan sobre Nicolás Maduro se encuentran conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos, así como tenencia y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos calificados como destructivos. El informe detalla que la presunta red contaba con la colaboración de distintas instancias estatales, incluyendo cobertura de seguridad armada durante el tránsito de parte de la cocaína, la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas.

Tal como reportó el medio de comunicación, en lo relativo a Cilia Flores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos la imputa por aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos”, a cambio de facilitar un encuentro entre un conocido narcotraficante y Néstor Reverol Torres, quien en ese entonces ejercía como director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. La acusación sostiene que, entre los años 2004 y 2015, el matrimonio habría actuado de manera conjunta para concretar el tráfico de drogas, cartera donde Flores tuvo un papel clave a través de la intermediación de reuniones y transacciones ilícitas.

El expediente, divulgado en su totalidad el sábado por las autoridades estadounidenses, sitúa el inicio de los procedimientos judiciales en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el año 2020. El Departamento de Justicia resaltó que tanto Maduro como Flores deberán responder “pronto a la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia, se hace énfasis en el rol del aparato estatal venezolano en garantizar la salida de cargamentos de cocaína, operación que contaba con respaldo oficial en cada etapa del proceso. Se puntualiza que los cárteles y grupos armados violentos, descritos como narcoterroristas en la acusación, establecieron acuerdos económicos y logísticos con funcionarios de máxima jerarquía para concretar envíos de grandes cantidades de droga, estando el destino final principalmente en Norteamérica.

Los cargos formales incluyen la acusación de conspirar para importar a Estados Unidos cargamentos significativos de cocaína, así como el empleo de armamento y otros dispositivos con la finalidad de apoyar dichas actividades. El pliego señala que la participación directa de los señalados implicó la generación de una estructura de protección que posibilitó que la droga incautada incluso por las mismas fuerzas del Estado venezolano fuese redirigida y transportada fuera del país.

El Departamento de Justicia remarca que el esquema detallado involucró sobornos y venta de influencias, facilitando relaciones entre narcotraficantes internacionales y mandos de las agencias venezolanas antidrogas, todo bajo la cobertura de puestos públicos y el uso de facilitadores armados. Bondi, en sus declaraciones recogidas por diversos medios estadounidenses, recordó que Maduro está acusado no solo de tráfico de drogas y asociación con grupos narcoterroristas, sino también de la utilización y conspiración para emplear ametralladoras y artefactos con capacidad destructiva, en operaciones dirigidas a afectar la seguridad y el orden en Estados Unidos.

El caso trasladado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York avanza con la publicación íntegra de la acusación y la expectativa de que Maduro y los demás imputados comparezcan próximamente ante la Corte estadounidense, según la información divulgada tanto por las autoridades judiciales de ese país como por la fiscal Pam Bondi.