
El Movimiento 23 de Marzo (M23), a través de su brazo político la Alianza del Río Congo (AFC), puso en alerta a la comunidad nacional e internacional acerca de un posible genocidio contra la minoría tutsi en el este de la República Democrática del Congo, denunciando la propagación intencional de discursos de odio. La organización rebelde sostiene que las hostilidades persisten, con consecuencias devastadoras para los habitantes, especialmente en zonas pobladas por tutsis, y responsabiliza directamente al gobierno de Kinshasa por crímenes, desplazamientos forzados y el deterioro de la seguridad en la región. Según publicó Europa Press, el M23 acusa al Ejército congoleño de desplegar ofensivas pese a la existencia de un acuerdo de cese al fuego.
En ese contexto, Europa Press detalló que el M23 denunció la muerte de seis personas y varios heridos en Masisi, en el este congoleño, atribuyendo el ataque a bombardeos ejecutados por drones militares bajo órdenes del ejército nacional, pese a la vigencia de un pacto de alto el fuego. Lawrence Kanyuka, portavoz de la AFC, afirmó en redes sociales que las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo utilizaron estos dispositivos contra zonas habitadas, afectando a la población civil de manera indiscriminada.
Estas acusaciones se producen después de que el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) responsabilizara a Ruanda —país señalado por su respaldo al M23— por la muerte de 1.500 civiles desde principios de diciembre, aludiendo a ataques coincidentes con una ofensiva rebelde que estalló tras la firma de un nuevo acuerdo para el cese de hostilidades. Además, las autoridades congoleñas señalaron la ocupación ilegal de parte de su territorio por tropas ruandesas, denuncias que han sido rechazadas categóricamente por la AFC/M23.
“La cifras presentadas no se basan en fuentes creíbles ni verificables”, argumentó el M23 en un comunicado citado por Europa Press, añadiendo que “forman parte de una estrategia consolidada destinada a atribuir sistemáticamente crímenes y violaciones graves a otros, mientras que el propio régimen los comete”. El grupo rebelde sostiene que el ejército congoleño aprovecha los movimientos de retirada del M23 para reocupar áreas afectadas y establecer bases desde donde lanza sucesivas incursiones tanto contra sus posiciones como contra barrios civiles densamente poblados.
El cruce de señalamientos y acusaciones surge tras la suspensión, por parte del gobierno de la RDC, de un portavoz militar acusado de emitir declaraciones consideradas estigmatizantes contra los tutsis. La AFC/M23 asocia este episodio con una escalada de retórica que incrementa el riesgo para dicha minoría, solicitando intervención internacional ante lo que describe como una “campaña de exterminio” dirigida contra las poblaciones del este del país, principalmente las comunidades tutsi.
Desde el 4 de diciembre, tras la suscripción de los llamados “Acuerdos de Washington” entre el presidente congoleño Félix Tshisekedi, el presidente ruandés Paul Kagame y Donald Trump en calidad de mediador internacional, se formalizó un entendimiento que buscaba cerrar décadas de enfrentamientos y violencia. A pesar de ello, tal como indicó Europa Press, los episodios de violencia y las réplicas de las partes sobre supuestas violaciones al alto el fuego no han cesado.
Las diferencias entre el M23 y el gobierno de la RDC persisten, hasta el punto de que ambos han solicitado la intervención de actores internacionales para evitar un nuevo conflicto de grandes dimensiones como el ocurrido a finales de 2024, cuando los rebeldes lograron tomar el control de capitales y amplias zonas en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.
Según recoge Europa Press a partir del comunicado rebelde, la AFC/M23 sostiene que las acciones atribuidas a las autoridades congoleñas constituyen maniobras de propaganda y manipulación de la opinión pública que buscan desviar la atención de su propia responsabilidad en la escalada militar y humanitaria. El grupo armado enfatiza que la guerra que mantiene el gobierno de Kinshasa provoca la separación de familias y contribuye al deterioro de la seguridad en el este del país, mientras que la retórica oficial no lograría ocultar los hechos ni eximir al régimen de la acusación de crímenes graves.
La situación en la zona oriental de la República Democrática del Congo resulta cada vez más tensa. Las recientes denuncias del M23 y la acusación cruzada de las autoridades congoleñas contra Ruanda consolidan el clima de confrontación que sacude a la región. Los firmantes de los acuerdos de diciembre buscaban reducir la violencia, pero los constantes ataques y las discrepancias sobre las responsabilidades en la violencia han impedido la consolidación de una paz duradera, de acuerdo con los distintos reportes publicados por Europa Press.
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