El Gobierno inicia el año con la promesa de un nuevo modelo de financiación y el reto de pactarlo con el PP

El Ejecutivo central planea suprimir las entregas a cuenta en el futuro sistema de financiación, según informó el medio que detalla además que este mecanismo constituye uno de los principales instrumentos de provisión de recursos en el modelo vigente. La modificación, que afectaría la distribución de fondos a las comunidades autónomas en los próximos ejercicios, se enmarca en un proceso de reforma fiscal mayor que el Ministerio de Hacienda prevé presentar formalmente entre enero y febrero de 2026. Tal como reportó el medio, la ministra María Jesús Montero adelantó que el nuevo esquema incrementará el porcentaje de tributos cedidos a las autonomías, confirmando que ninguna región resultará perjudicada con los cambios.

El Ministerio de Hacienda, según explicó el medio, aún no ha presentado detalles específicos sobre el contenido de la reforma. El Gobierno anunció su intención de combinar mecanismos multilaterales y bilaterales durante el proceso, con el objetivo de alcanzar acuerdos amplios tanto con los territorios como con las principales fuerzas políticas. La última propuesta formal enviada desde Hacienda hace cuatro años se centró en el concepto de población ajustada para distribuir los recursos, pero no obtuvo aval suficiente en su momento. El Ejecutivo no ha precisado si retomará aquel planteamiento o si optará por otro punto de partida en el nuevo debate. El medio informó que el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han convenido que se tendrá en cuenta la singularidad catalana en el futuro sistema.

En declaraciones registradas, la ministra Montero comunicó a las comunidades que espera presentar la propuesta en el inicio de 2026 y convocar con ese fin un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico sobre financiación autonómica. En este consejo, el Gobierno central dispone de la mitad de los votos, por lo que necesitaría el apoyo de tan solo una comunidad para aprobar la propuesta en esta instancia. Una vez superado el CPFF, el texto pasaría al Consejo de Ministros y, finalmente, al Congreso de los Diputados, donde requeriría mayoría parlamentaria para su entrada en vigor, prevista para 2027. El objetivo declarado por Montero es buscar un pacto duradero entre los dos principales partidos, PSOE y PP, aunque la ministra manifestó ante el medio su percepción de que el Partido Popular no está dispuesto a debatir sobre el modelo.

El debate territorial sobre el sistema de financiación se ha intensificado en el periodo previo a la presentación del nuevo modelo. Según publicó el medio, ocho comunidades autónomas —Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja— insisten en que los criterios de despoblación y envejecimiento deben ser centrales en la reforma, dada la carga económica que implica prestar servicios públicos en regiones con baja densidad de habitantes y una población envejecida. Hace varios años, estos gobiernos regionales, bajo el liderazgo entonces del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, suscribieron una declaración conjunta en defensa de estos principios.

En otro bloque de demandas regionales, comunidades a menudo citadas como "infrafinanciadas" —Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía— llevan tiempo reivindicando la introducción de un fondo transitorio de nivelación. Estas regiones reclaman que el criterio de población ajustada tenga un peso prioritario en la asignación de recursos en el futuro sistema, según explicó el mismo medio.

El medio añadió que las comunidades con mayor peso económico —Madrid, Cataluña y Baleares— proponen que el Producto Interior Bruto regional sea un factor relevante en el nuevo reparto. Además, Baleares y Canarias han puesto sobre la mesa el impacto de la insularidad en sus finanzas y demandan que este factor reciba un reconocimiento específico en la estructura del sistema de financiación, de acuerdo con lo consignado en el reporte.

El Gobierno central insiste en que la reforma requiere una base de consenso entre las formaciones mayoritarias a nivel nacional. Para lograr este objetivo, el Ejecutivo ha solicitado que el Partido Popular defina una postura unificada, dado que los líderes autonómicos del PP han expresado preferencias divergentes respecto a los criterios de reparto, según detalló el medio. El futuro de la reforma, por tanto, dependerá en última instancia de la capacidad de reunir suficientes apoyos parlamentarios en el Congreso.

El Gobierno, de acuerdo con el medio, no ha descartado ajustes en la cesión de figuras tributarias a los territorios como parte de la negociación, ni excluye la posibilidad de introducir nuevas fórmulas de reparto para responder a las demandas de diferentes regiones. Las propuestas y condiciones serán objeto de debate en los próximos meses durante el proceso formal que inaugura este anuncio.