RDC acusa a Ruanda de matar a 1.500 civiles en el último mes

El comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación congoleño sostiene que más de 1.500 personas han perdido la vida como resultado directo de las operaciones militares atribuidas a Ruanda desde principios de diciembre, y describe el empleo de bombas y drones suicidas a lo largo del eje Kamayola-Uvira. El documento enfatiza que la cifra de fallecidos es provisional, en un contexto donde ya se contabilizan más de 500.000 personas desplazadas. Este reclamo se produce en medio de una escalada de tensión entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, en la que las autoridades congoleñas han acusado a Kigali de respaldar la ofensiva del Movimiento 23 de Marzo (M23), una milicia que opera en las regiones orientales del país. De acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press, Kinshasa responsabiliza al gobierno ruandés de provocar una grave crisis humanitaria, así como de infringir repetidamente tanto el Derecho Internacional como compromisos alcanzados en acuerdos y resoluciones multilaterales.

La denuncia de la República Democrática del Congo señala una "ocupación ilegal" por parte de fuerzas ruandesas en el marco de los avances del M23. Las autoridades congoleñas argumentan que estas acciones militares constituyen no solo una clara afrenta a la soberanía nacional, sino también una vulneración grave y reiterada de normas internacionales, tal como consignó Europa Press. En la declaración, el Ejecutivo de Kinshasa insiste en que “estos actos empeoran drásticamente una situación humanitaria y de seguridad ya crítica, exponiendo a la población civil a una violencia generalizada”. La administración del presidente Félix Tshisekedi reitera que su prioridad es restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio y pedir cuentas a todos los responsables e instigadores de estos crímenes.

El Gobierno congoleño exige la retirada inmediata, efectiva, verificable e incondicional de las tropas ruandesas presentes en Uvira y en las zonas actualmente bajo ocupación dentro de la República Democrática del Congo. Esta demanda se fundamenta en la resolución 2773 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como en el acuerdo de paz firmado en Washington. Según difundió Europa Press, Kinshasa reitera la necesidad de cesar todas las acciones militares contra población civil y solicita a sus aliados internacionales que adopten medidas coercitivas, mencionando que tal respuesta representaría la manifestación más significativa y creíble de solidaridad con los millones de congoleños afectados por la violencia.

El contexto de estas acusaciones incluye el reciente histórico encuentro en el que el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, el mandatario ruandés, Paul Kagame, y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron el 4 de diciembre en Washington un acuerdo de alto el fuego. Este pacto, bautizado como ‘Acuerdos de Washington’, aspiraba a poner fin a las décadas de conflicto y enfrentamientos armados en la región. No obstante, la escalada entre el Ejército de la RDC y el M23 se ha intensificado tras esa firma, con ambas partes presentando recriminaciones por supuestas violaciones del alto el fuego, según destacó Europa Press.

Europa Press detalló que la reciente oleada de violencia en el este del Congo, protagonizada por el avance del M23, ocasionó nuevas disputas por el control territorial. Los combates han resultado en la toma de capitales y sectores relevantes en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur por parte de los rebeldes, situación que incrementa la presión para que los mediadores internacionales actúen e impidan un nuevo conflicto a gran escala, similar al que aconteció hacia finales de 2024.

El llamamiento a la intervención de la comunidad internacional se sustenta en la evaluación de que el actual escenario no solo perjudica la estabilidad interna de la RDC, sino que también representa un riesgo para la seguridad regional. Las autoridades de Kinshasa subrayan que mantener la presencia de tropas extranjeras y permitir la continuidad de las operaciones violentas afecta de manera directa a la vida cotidiana de millones de congoleños y entorpece los esfuerzos destinados a lograr una paz sostenible. Según consignó Europa Press, el ejecutivo congoleño persiste en la búsqueda de apoyo global para que se implementen acciones apropiadas, culminando en la terminación de la presencia militar extranjera y la restauración de la legalidad en el territorio nacional.

Mientras tanto, las tensiones diplomáticas entre RDC y Ruanda se mantienen en un punto álgido, con llamados reiterados a la comunidad internacional para que se garantice el cumplimiento de los acuerdos previamente suscritos. Las autoridades congoleñas esperan que las potencias aliadas promuevan respuestas contundentes para congelar cualquier avance militar no autorizado y evitar que la crisis escale a niveles de conflicto regional. Europa Press señaló que, según la postura expresada por Kinshasa, la única solución satisfactoria pasa por la retirada total de las fuerzas externas y el restablecimiento de la autoridad estatal en todas las áreas ocupadas. El futuro de la estabilidad en la región depende en gran medida de la capacidad de los actores internacionales para poner en marcha estos compromisos y frenar el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad.