ONG enumeran los frentes abiertos en materia ambiental para 2026: el lobo, los veterinarios y la desregulación en la UE

El encuentro ambiental internacional convocado en Santa Marta para abril de 2026, impulsado por Colombia y Países Bajos con el objetivo de abordar una transición global hacia el abandono de los combustibles fósiles bajo criterios de justicia social, se perfila como uno de los puntos más destacados de la agenda medioambiental del año. Este evento cobra relevancia ante una serie de desafíos en políticas ornamentales y en la gestión de sectores estratégicos, según informó Europa Press, que recogió el diagnóstico de organizaciones ecologistas sobre los principales frentes abiertos hasta 2026.

De acuerdo con Europa Press, diversas ONG ambientalistas han identificado cuestiones clave como el debate sobre la protección del lobo ibérico, la regulación acerca de la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios, y la aparición de una tendencia desreguladora en la normativa europea, que ya estaría afectando la legislación ambiental. Las asociaciones agroganaderas y ecologistas consultadas por Europa Press describieron una situación de “tensa calma” en torno al estatus del lobo, a la espera de la entrega del informe sexenal sobre la especie a Bruselas, trámite que permitirá clarificar oficialmente si se habilita o prohíbe la caza de la especie. Adicionalmente, está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo frente a las controvertidas disposiciones de la normativa vigente, lo que podría definir la legalidad de los actuales planes de gestión.

En paralelo, la regulación veterinaria sigue siendo motivo de enfrentamiento entre el sector profesional y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La controversia afecta a la Ley del medicamento y a la exigencia, por parte de los veterinarios, de una normativa alineada con el Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios y acorde a las realidades sanitarias del sector. Estos puntos, según publicó Europa Press, forman parte de una agenda en la que también influye la crisis de la peste porcina africana, con el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, señalando que la gestión de esta enfermedad representará la prioridad inicial del año para los cazadores, quienes prestarán apoyo a las autoridades en la contención del problema.

El calendario nuclear se mantiene como otro asunto relevante, principalmente por la posible prórroga de la central de Almaraz, en Extremadura, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2028, aunque una decisión gubernamental podría modificar el cronograma. El Gobierno, según reportó Europa Press, ha reiterado su compromiso con la seguridad de las centrales, la continuidad del suministro eléctrico sin que los costes recaigan en la ciudadanía, y la seguridad en las instalaciones. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha solicitado información a los responsables de la central para preparar el informe obligatorio que permita avanzar con el proceso administrativo.

Respecto a la agenda ambiental legislativa, el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática —aprobado tras una ola de incendios en agosto de 2025— continuará desarrollando sus políticas a lo largo de 2026. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, manifestó a Europa Press la necesidad de avanzar hacia la implementación efectiva del Tratado de los Océanos, que entrará en vigor el 17 de enero, y abogó por una reforma fiscal que incremente la presión sobre los grandes contaminadores. Saldaña subrayó también que Greenpeace persistirá en su exigencia de una moratoria sobre las macrogranjas y en la promoción de una transición agroalimentaria sustentada en la agroecología. Según reportó Europa Press, la organización vigilará además las políticas gubernamentales relacionadas con la vivienda digna, asequible y sostenible, y valoró de manera positiva los logros en el Pacto de Estado en cuestiones agropecuarias, aunque reclamó una mayor ambición en el área de mitigación climática.

La “ola de desregulación” de políticas ambientales en la Unión Europea fue una advertencia reiterada por representantes de diversas organizaciones, entre ellos Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, y Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra. Del Olmo alertó a Europa Press sobre la existencia de un nuevo “paquete ómnibus” normativo que, bajo su análisis, buscaría disminuir los niveles de protección de recursos hídricos y biodiversidad. Para WWF, según consignó Europa Press, España debe intensificar sus esfuerzos en la protección de ecosistemas y recursos acuáticos, así como velar por el cumplimiento riguroso de la agenda ambiental, mientras que Del Olmo consideró fundamental profundizar en un modelo energético más equitativo y aumentar la inversión en prevención de incendios, implicando el fortalecimiento del medio rural, la promoción de la ganadería extensiva y el manejo forestal sostenible. También destacó la importancia de que la nueva planificación hidrológica incorpore caudales ecológicos en zonas húmedas y cauces fluviales. Para el dirigente de WWF, la revisión y mejora del Pacto de Estado sigue siendo una necesidad prioritaria.

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, expresó a Europa Press la urgencia de superar la situación generada por la crisis climática y ambiental, señalando la voluntad de la organización de contrarrestar los discursos negacionistas mediante argumentos basados en datos científicos y la activación de iniciativas de incidencia. Según Ruiz, la respuesta para 2026 se articulará a través de la ciencia, la acción y el diálogo público, herramientas que SEO/BirdLife empleará para afrontar los retos planteados.

Blanca Ruibal, de Amigas de la Tierra, consideró en declaraciones difundidas por Europa Press que el Pacto de Estado debería traducirse en políticas que mejoren la vida de la población y reduzcan el impacto ecológico. Ruibal instó a promover la rehabilitación eficiente de viviendas, garantizar el derecho a la reparación y prolongación de la vida útil de productos, renaturalizar los espacios urbanos y transformar el modelo agroalimentario. Sumó como preocupación la obligación gubernamental de presentar un Plan de Restauración de la Naturaleza de carácter ambicioso y orientado a potenciar el rol de la ciudadanía. Al mismo tiempo, advirtió sobre falsas soluciones como la inclusión de emisiones del mercado internacional en los objetivos europeos de reducción de gases y sobre el riesgo de intensificación de la actividad extractiva nacional. En relación directa con la agroindustria, Ruibal aludió a la peste porcina africana y enfatizó ante Europa Press la urgencia de reducir el número de explotaciones porcinas y promover una transición justa en el sector.

En lo que respecta a la caza y la regulación cinegética, Escandell puntualizó también a Europa Press que la Federación Española de Caza se mantiene alerta frente al posible endurecimiento de la regulación europea sobre el plomo, calificando la situación como una amenaza inminente para el sector. Añadió que las especies migratorias, especialmente la codorniz, se encuentran bajo la lupa de las autoridades comunitarias, y afirmó que la organización continuará defendiendo la sostenibilidad de la caza de esta especie con la presentación de datos justificativos ante las instancias europeas.

Las organizaciones ecologistas, agrupaciones agroganaderas y sectores vinculados a la gestión del medio ambiente y la energía presentan un panorama diversificado de retos y exigencias para 2026, donde la colaboración internacional, la vigilancia de las políticas nacionales y europeas, la contención de emergencias sanitarias en la ganadería y la actualización de las agendas legislativas y fiscales configuran los focos de atención fundamental, según recopiló Europa Press.