Estatuto Marco, Ley del Medicamento y políticas antitabaco marcarán la agenda sanitaria en 2026

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) está prevista para el primer semestre de 2026 con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para proteger a la población frente a amenazas sanitarias como la pandemia de Covid-19, de acuerdo con la información publicada por el medio. Este organismo, que contará con su sede definitiva en el transcurso del nuevo año, busca reforzar la equidad y la salud pública en España. Estos avances formarán parte de un periodo en el que el Ministerio de Sanidad afrontará retos significativos en un contexto político marcado por la fragmentación parlamentaria y las tensiones entre distintos actores del sector.

Según informó la fuente, el año 2026 iniciará con un escenario de movilizaciones y huelgas médicas convocadas por sindicatos como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que manifestaron su rechazo al último borrador de reforma del Estatuto Marco, una ley que rige las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que no se actualiza desde el año 2003. Otros sindicatos implicados sí mostraron su aprobación al texto presentado por el Ministerio de Sanidad, pero el desacuerdo persiste entre varios colectivos profesionales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, expresó su intención reiterada de llevar el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso de los Diputados durante la presente legislatura. “Yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados”, declaró García en julio, recalcando el propósito de impulsar la iniciativa ante la cámara. Sin embargo, el proceso se enfrenta a obstáculos, entre ellos la necesidad de obtener respaldo sindical y parlamentario en un contexto donde el precedente legislativo reciente no resulta alentador. En 2025, la propuesta para crear la AESAP, única norma de peso presentada hasta ahora, fue rechazada en una primera votación en el Congreso, según consignó el medio.

El Ministerio también deberá gestionar el avance de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto fue aprobado en abril e incluía medidas como la facultad para que enfermeras y fisioterapeutas prescriban fármacos dentro de sus competencias, la autorización para que farmacéuticos sustituyan medicamentos en caso de desabastecimiento, y reformas en los sistemas de precios para aumentar la competitividad. El medio detalló que este proyecto recibió cerca de 400 alegaciones en la fase de consulta pública, lo que ha llevado a la cartera de Sanidad a introducir modificaciones en las partes que generaron controversia.

Junto a la Ley de Medicamentos, el Ministerio tiene en agenda el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Estos instrumentos buscarán resolver problemas estructurales y garantizar el acceso a tratamientos y tecnologías innovadoras, según reportó el medio.

Las políticas antitabaco figuran como otro frente relevante: la esperada reforma de la ley busca ampliar los espacios 100% libres de humo y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional. “Esperemos que los diferentes grupos parlamentarios prioricen la salud de los ciudadanos, prioricen la evidencia científica y sean tan ambiciosos como somos en el Ministerio de Sanidad”, manifestó García en julio, citada por el medio. Paralelamente, se planea el Proyecto de Ley relativo a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en menores de edad, cuyo objetivo sería atajar el impacto del alcohol en la infancia y adolescencia.

Entre los compromisos legislativos destaca también la futura Ley de Organizaciones de Pacientes. Esta normativa otorgará un marco jurídico concreto a las asociaciones de pacientes, impulsando su papel en el desarrollo de políticas públicas que afectan directamente a quienes integran estos colectivos. Según informó el medio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, definió esta ley como una de las novedades más relevantes para la segunda mitad de la legislatura actual.

Otra de las prioridades marcadas por Mónica García a finales de 2025 es la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, cuyo objetivo es derogar la Ley 15/1997 y limitar la cooperación público-privada en el sistema sanitario. El medio detalló que esta reforma responde a uno de los compromisos pactados en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y formaría parte de los esfuerzos para reforzar el carácter público y universal de la sanidad española.

El plan del Ministerio incluye además la presentación de un Real Decreto orientado a reducir las listas de espera en la atención sanitaria. La Organización ha indicado que este es uno de los puntos contemplados en su acuerdo de gobierno y representa una demanda significativa de los usuarios del SNS.

En mayo de 2024, el Consejo de Ministros remitió al Congreso la Ley de Universalidad del SNS, cuyo objetivo reside en restablecer el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones tanto para ciudadanos españoles residentes en el extranjero como para extranjeros por reagrupación familiar y cualquier persona residente en España, independientemente de su situación administrativa. La reforma implica una revisión de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS, explicó el medio.

La dinámica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) permanecerá como otro punto relevante para el Ministerio. De acuerdo con el medio, desde la llegada de la ministra Mónica García, se han alcanzado más de 70 acuerdos en este órgano, aunque no han faltado desacuerdos con comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. Las disputas incluyen temas como la creación del registro de objetores y la compilación de datos en los programas de cribado de cáncer, principalmente con la Comunidad de Madrid.

Según la cobertura del medio, en el horizonte inmediato, la agenda sanitaria conjuga grandes reformas, actualización regulatoria, respuesta a las demandas laborales del sector, nuevas políticas de medicamentos y tabaco, refuerzo de los derechos de pacientes, y la apuesta por la gestión pública de la sanidad. Todo ello se enmarca en un escenario político incierto, con fragmentación parlamentaria y el antecedente de iniciativas legislativas rechazadas, lo que obliga al Ministerio a superar obstáculos tanto en el diálogo social como en la búsqueda de consensos parlamentarios para sacar adelante sus principales reformas.