
Betssy Chávez permanece dentro de la Embajada de México en Lima a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo, mientras el entorno diplomático y las medidas de seguridad se encuentran bajo una atención inusitada en medio de la crisis generada por las acusaciones de rebelión. Según publicó el medio Europa Press, las autoridades peruanas han duplicado y triplicado el contingente policial alrededor de la sede diplomática, bajo la dirección y supervisión personal del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, ante la posibilidad de que la ex primera ministra intente fugarse aprovechando algún descuido relacionado con las celebraciones navideñas.
La vigilancia en las inmediaciones de la Embajada fue reforzada después de que Chávez solicitara asilo a principios de noviembre. La ex primera ministra enfrenta acusaciones por su participación en el denominado fallido autogolpe de Estado de 2022, hecho en el que el entonces presidente Pedro Castillo anunció el 7 de octubre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, acción motivada por la imposibilidad de implementar su programa electoral y que derivó en una crisis institucional. Según detalló Europa Press, Chávez podría recibir una condena de hasta once años de prisión debido a estos hechos.
El comandante general Arriola explicó a Radio Exitosa, citado por Europa Press, que la decisión de reforzar la seguridad responde al objetivo de evitar una posible huida de Chávez utilizando un supuesto descuido policial en medio de las festividades. Descartó de plano cualquier intervención directa dentro de la Embajada de México, pese a especulaciones anteriores sugeridas por el presidente José Jerí en semanas previas. Arriola aseveró: "Nada de eso, por el contrario. Hay un gran contingente policial, se ha duplicado y triplicado desde hace unos días".
Mientras la situación se prolonga, la permanencia de Chávez en la sede diplomática tensiona las relaciones bilaterales entre Perú y México. Europa Press informó que la ruptura de relaciones diplomáticas se produjo después de que el gobierno mexicano decidiera otorgar cobijo a la ex primera ministra, hecho que la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó como una reacción desproporcionada por parte de las autoridades peruanas.
Actualmente, Chávez depende de la concesión de un salvoconducto que le permitiría abandonar el territorio peruano, cuestión que permanece sin resolución y ha complicado aún más el panorama diplomático. Según consignó Europa Press, no existe hasta el momento un indicio sobre cuándo podría definirse el futuro de la solicitud de asilo presentada por la ex primera ministra.
El episodio se presenta en el contexto de una crisis más amplia en la política peruana, originada a partir del intento de autogolpe de Estado y de las respuestas institucionales y diplomáticas posteriores. La figura de Chávez, tanto por su rol en el gobierno de Castillo como por su actual situación, continúa generando pronunciamientos y divisiones tanto en el ámbito político nacional como en las relaciones internacionales de Perú.