Familias numerosas piden ampliar la deducción fiscal por hijos de 0-3 años hasta los 6: "Asumible para el Estado"

Expertos señalan que ampliar beneficios tributarios para familias con niños en primera infancia hasta los 6 años aliviaría la desigualdad económica, respaldaría la conciliación y ayudaría a reducir las brechas con Europa en inversión social para la infancia

Guardar

La investigación llevada a cabo por la Universidad de Vigo, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, calcula que expandir la deducción fiscal por hijos menores de 3 años hasta los 6 supondría para el Estado una disminución en la recaudación de 1.900 millones de euros. Según los autores del estudio, esta reestructuración fiscal adoptaría la modalidad de impuesto negativo, con la posibilidad de recibir el abono de forma anticipada y la opción de extender este beneficio a otros grupos de edad en el futuro, hasta alcanzar a menores de 12 y 18 años. Esta progresividad permitiría acercarse al objetivo de implementar una prestación universal o cuasi universal, pensada para atenuar las crecientes desigualdades socioeconómicas entre familias con hijos y aquellas sin descendencia, tal como lo reportó el medio Europa Press.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) reiteró ante Europa Press la necesidad de que el Gobierno amplíe la deducción de 100 euros mensuales por hijos en etapa infantil de 0 a 3 años, proponiendo como escenario inmediato la extensión del beneficio hasta los 6 años de edad. Para esta organización, la propuesta resulta factible para el Estado en términos presupuestarios y constituiría un apoyo significativo a las familias en la crianza, equiparable en su espíritu a una prestación universal, pero de menor impacto en el gasto público. La FEFN recordó que, si bien la ayuda directa hasta la mayoría de edad continúa siendo la principal demanda de las familias, dicha medida aún no tiene fecha de implementación y, mientras tanto, urge articular políticas intermedias que permitan reforzar la protección tanto a las familias como a la infancia.

El informe presentado por la Universidad de Vigo, citado por Europa Press, resalta que el gasto público de España en políticas familiares se situó en 2021 en el 1,87% del Producto Interior Bruto, una cifra considerablemente inferior a la de países europeos como Alemania (3,46%), Austria (3,44%), Francia (3,38%) y Suecia (3,32%). Los estudios comparativos muestran que las naciones con un mayor esfuerzo en inversión pública han experimentado mejores resultados en la contención de fenómenos demográficos adversos, como el acelerado envejecimiento poblacional o la caída en la natalidad.

Desde el ámbito académico, responsables del estudio como Alberto Vaquero (profesor titular de Economía Aplicada) y Emma Rodríguez (área de Derecho del Trabajo) analizaron distintas fórmulas para mejorar el apoyo económico y social a las familias. Una de las propuestas sugiere la creación de un complemento de ayuda a la infancia independiente del Ingreso Mínimo Vital, abarcando hasta los 18 años, con el objetivo de cubrir el "coste de la conciliación" familiar y laboral. Los autores sostienen que los actuales beneficios fiscales resultan insuficientes al centrarse únicamente en el segmento de 0 a 3 años y proponen rediseñar y revalorizar las ayudas a lo largo de todas las etapas de la infancia, ya que los gastos derivados del cuidado de los hijos crecen de manera significativa con el paso de los años, mientras que el apoyo público tiende a disminuir a partir de los 3 años.

El estudio señala que ampliar la deducción tributaria al tramo de 4 a 6 años permitiría una compensación fiscal equivalente al 14,5% de los gastos en que incurren las familias con hijos en estos grupos de edad. Europa Press recoge que, según los investigadores, esta ampliación sería solo un primer paso pensado para extenderse paulatinamente hasta cubrir la mayoría de edad de los descendientes.

La FEFN subrayó ante Europa Press que la deducción actual, que perciben tanto las madres empleadas fuera del hogar como aquellas que reciben prestación por desempleo, constituye un incentivo constatado para la inserción laboral femenina, al tiempo que representa un apoyo práctico para los procesos de conciliación entre la vida familiar y profesional. El informe analiza otras medidas dirigidas principalmente a las madres, que persiguen el mismo objetivo de favorecer la conciliación y reducir las dificultades para combinar trabajo y responsabilidades familiares.

La investigación de la Universidad de Vigo, bajo la dirección de Alberto Vaquero y con la participación de expertos del centro interuniversitario ECOBAS y del grupo de investigación GEN, dedica especial atención a los permisos laborales vinculados al cuidado de hijos menores. Una de las propuestas destacadas se refiere a la ampliación y mejora de estos permisos, defendiendo su incremento tanto en duración como en la cuantía de la remuneración, para equipararse a las políticas laborales de otros países de la Unión Europea, como Alemania, Francia o Finlandia, donde la conciliación entre vida laboral y familiar recibe mayor respaldo institucional.

En el marco actual, el estudio reseñado por Europa Press hace énfasis en las 8 semanas de permiso existentes para el cuidado de hijos menores de 8 años, subrayando la necesidad de que al menos 4 de esas semanas puedan ser remuneradas. Esta medida pretende hacer más efectivo el derecho a la conciliación y se propone como paso previo a la implementación de medidas estructurales que equiparen la protección social de las familias españolas a la de otras economías del continente europeo.

La FEFN, de acuerdo con información de Europa Press, insiste en que una protección más ambiciosa no solo beneficiaría a las familias que ya tienen hijos sino que contribuiría a reducir los obstáculos económicos y laborales que actualmente frenan la natalidad y dificultan la armonización de la vida familiar y profesional para muchas mujeres en España. La Federación sostiene que, aunque la ayuda directa por hijo hasta la mayoría de edad representa la fórmula más efectiva y demandada, la disponibilidad de medidas fiscales intermedias como la deducción ampliada puede suponer avances concretos y asumibles en el corto plazo para el Estado.