Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud: "Vamos a defender el voto a los 16 años"

La elaboración del borrador de la nueva Ley de Juventud en España ha involucrado más de 400 folios de propuestas de diversas entidades, resultado de un proceso abierto y participativo que ha buscado recoger la pluralidad de voces juveniles, según informó Europa Press. En medio de este trabajo colectivo se ha incorporado una de las propuestas más debatidas: la reducción de la edad para votar a los 16 años. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, indicó a Europa Press que el Gobierno defenderá la inclusión del voto a los 16 años en el texto definitivo, argumentando que es una medida que funcionaría como una “escuela de democracia” para la sociedad.

De acuerdo con Europa Press, Pérez enfatizó que la propuesta no es una iniciativa aislada del Ministerio, ya que existen antecedentes en otros países europeos y cuenta con el respaldo de actores relevantes como el comisario europeo de juventud. El secretario de Estado sostuvo que la medida permitirá a las generaciones más jóvenes incorporarse activamente a la vida democrática y remarcó que, ante la situación de desapego hacia los valores democráticos, es clave ofrecer herramientas de participación política. Europa Press detalló, asimismo, que Pérez tiene previsto plantear esta defensa de la propuesta a los socios socialistas de gobierno, esperando que el voto joven permanezca en el texto de la ley durante todo el proceso legislativo.

El secretario de Estado cuestionó la existencia de un giro hacia el conservadurismo entre la juventud y subrayó ciertos rasgos destacados en este colectivo, como mayor preocupación por el clima, la salud mental y hábitos de vida más saludables en cuanto al consumo de alcohol y drogas. Pérez, en diálogo con Europa Press, matizó que si bien existe un grupo de jóvenes que muestra intención de votar a fuerzas de extrema derecha, un número significativo indica no estar seguro de acudir a las urnas, lo que, a su juicio, constituye un asunto prioritario para las políticas de juventud. Pérez aseguró que “detrás de la extrema derecha están los grandes acaparadores de vivienda que son los que expulsan a los jóvenes”, sosteniendo que estas formaciones políticas no ofrecen alternativas reales a los problemas que enfrenta la población juvenil.

En el ámbito digital, Europa Press reportó que Rubén Pérez expresó su postura ante las restricciones al uso de redes sociales para menores de 16 años, en respuesta al modelo adoptado en Australia. Según explicó, si bien considera adecuada la franja de edad, rechazó la prohibición total del acceso a estas plataformas. Pérez insistió en la importancia del acompañamiento y el control sectorial, más allá de soluciones prohibitivas. Recordó que en España, la legislación actual impide que menores de 14 años creen cuentas en redes sociales, incluidas plataformas como WhatsApp, aunque mencionó que muchos padres desconocen la norma y habilitan cuentas a sus hijos. Para Pérez, hasta los 16 años no debería permitirse la apertura de perfiles, y en caso de tenerlos, recomendó la ausencia de interacciones con adultos.

No obstante, el secretario de Estado precisó que la solución no radica simplemente en la prohibición, ya que niños y adolescentes también poseen derechos digitales, como la educación en nuevas tecnologías y la posibilidad de interacción social en entornos digitales. La nueva ley de protección a la infancia en los entornos digitales apunta, según recogió Europa Press, a medidas hacia las empresas tecnológicas, obligándolas a implementar herramientas de verificación de edad y promoviendo la supervisión. El texto de esta ley superó su primer trámite parlamentario en el Congreso en septiembre pasado y, según expresó Pérez, el objetivo es consensuar su aprobación con la mayor base parlamentaria posible. La reciente ruptura del grupo Junts no interferirá, sostuvo el secretario de Estado, en los avances de esta normativa y se espera que el texto se enriquezca a través de enmiendas.

La legislación en materia digital también introduce iniciativas para abordar retos asociados a la Inteligencia Artificial (IA). En conversaciones recogidas por Europa Press, Pérez mencionó el caso de Almendralejo, donde la modalidad de ‘deepfake’ de contenido pornográfico afectó a menores, y afirmó que los riesgos derivados de la IA han crecido exponencialmente en el último año y medio. El comité de expertos consultado para la elaboración de la ley, según el secretario de Estado, incorporó equipos jurídicos que atienden casos de este tipo y cuyas recomendaciones han resultado decisivas para el diseño de la nueva normativa.

En relación a la pobreza infantil, Europa Press informó que el secretario de Estado puso de relieve la cifra de más de 2,7 millones de menores en España que se encuentran afectados por esta problemática o en riesgo de exclusión social. Pérez valoró los progresos realizados en el marco del Pacto de Estado contra la Pobreza y aseguró que la ausencia de presupuestos estatales no imposibilita el acceso a recursos para desarrollar de forma urgente un escudo social. Destacó la capacidad recaudatoria alcanzada por el Estado, y citó partidas de más de 10.000 millones de euros dirigidas a urgencias en materia de defensa y compromisos internacionales. Pérez argumentó que, procedimental y fiscalmente, existen posibilidades para dotar de fondos la lucha contra la pobreza infantil como parte central de la protección social.

El contexto europeo también impacta las políticas sociales en España. Europa Press detalló que Pérez advirtió sobre las amenazas que enfrentan herramientas de financiación clave, como el Fondo Social Europeo, y propuso como respuesta la aprobación de una prestación universal por crianza durante esta legislatura. Según el funcionario, la introducción de esta medida solo requiere voluntad política y podría aplicarse de forma progresiva, sin obstáculos financieros.

La ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) avanza con el texto elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que actualmente aguarda aportes finales del Ministerio de Justicia, según informó recientemente la ministra Sira Rego. Pérez destacó que, dentro del trabajo conjunto, se identificaron necesidades de reforma, como la figura del coordinador de bienestar en centros educativos. Según manifestó Europa Press, persistían quejas de docentes que señalaban dificultades para asumir funciones preventivas debido a la carga lectiva, lo que obstaculiza el despliegue efectivo del coordinador de bienestar según lo planteado en la normativa.

Otro cambio relevante que recoge la reforma es la eliminación del límite de 12 años para que menores sean escuchados obligatoriamente en procedimientos que les afectan. Pérez, citado por Europa Press, razonó que la violencia vicaria continúa progresando y que el derecho de los menores a ser oídos en todos los casos resulta fundamental, sin importar la edad.

Europa Press recogió también declaraciones donde el secretario de Estado defendió el desempeño del Ministerio de Juventud e Infancia, caracterizado, según él, por la gestión de un presupuesto limitado, y reivindicó la resistencia frente a discursos políticos que buscan reducir el alcance de las políticas sociales y de juventud, incluyendo ataques desde sectores de derecha y extrema derecha.