El BOE publica la subida de las pensiones para 2026

La asignación anual para hijos a cargo o menores con una discapacidad reconocida superior al 65% alcanzará en 2026 los 5.962,80 euros, según consignó el Boletín Oficial del Estado (BOE). La publicación oficial detalla que, además, la prestación para hijos a cargo o menores con una discapacidad igual o superior al 75% ascenderá a 8.942,40 euros al año, representando de esta manera un aumento del 2,7%. Estas cuantías forman parte de una serie de revalorizaciones y ajustes que el Gobierno ha destinado a las pensiones y a otras prestaciones sociales, como lo refleja el Real Decreto-ley publicado este miércoles y que entra en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el BOE, la nueva normativa establece un incremento general del 2,7% en las pensiones contributivas y las de clases pasivas, mientras que las pensiones mínimas y las vinculadas a situaciones de especial vulnerabilidad experimentan subidas notablemente superiores. Las pensiones mínimas aumentarán un 7%, y las de viudedad con cargas familiares y las que cuentan con cónyuge a cargo verán un incremento del 11,4%. El mismo porcentaje de subida se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV), detalló el medio oficial.

El Gobierno justifica la aprobación del Real Decreto-ley por la situación derivada de la ausencia de una Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2026, según informó el BOE. La actualización de las pensiones queda excluida de las prórrogas presupuestarias previstas en la Constitución Española, por lo que se considera necesaria y urgente la adopción de esta vía legal extraordinaria para garantizar la revalorización y protección de las prestaciones públicas. El Gobierno resalta que el nuevo decreto-ley aborda como asunto prioritario la actualización de las cuantías para el conjunto de los pensionistas y también renueva las medidas sociales del conocido como "escudo social", incluyendo la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la prohibición del corte de suministros básicos como agua, electricidad y gas, la continuidad del bono social eléctrico y la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI).

Las cuantías actualizadas indican que, desde el 1 de enero de 2026, la pensión mínima de jubilación para personas que vivan solas se fijará en 13.106,8 euros anuales, lo que implica un crecimiento del 7,07%. En los hogares donde exista cónyuge a cargo, la pensión mínima alcanzará los 17.592,4 euros al año, reflejando la subida del 11,4% respecto al importe anterior.

En el caso de las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación del sistema de la Seguridad Social, el importe anual pasará a ser de 8.803,2 euros (629 euros mensuales distribuidos en 14 pagas), en contraste con los 7.905,8 euros de 2025, según publicó el BOE. Asimismo, el complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas y de clases pasivas queda estipulado para 2026 en 36,90 euros mensuales.

El límite máximo para la percepción de pensiones públicas en 2026, tanto para las gestionadas por la Seguridad Social como para las del Régimen de Clases Pasivas del Estado, se situará en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,4 euros anuales, de acuerdo con los datos oficiales divulgados. Esta medida busca establecer un tope claro para las cuantías más elevadas del sistema.

El efecto de la revalorización se extiende a 9,4 millones de personas beneficiarias de más de 10,4 millones de pensiones contributivas, así como a los más de 734.000 perceptores de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán mejorar sus prestaciones en la proporción del 2,7%. El Ministerio de Inclusión calcula que este ajuste supondrá unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación y cerca de 500 euros más anuales para la media del sistema en general, según reportó el BOE.

Las pensiones otorgadas bajo el desaparecido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también se verán afectadas. Aquellas no concurrentes con otras pensiones públicas tendrán un importe anual de 8.394,4 euros en 2026, mientras que las concurrentes con una pensión de viudedad se ubicarán en 8.149,4 euros, tal como gestionó la publicación legal.

La regulación incluye cambios en las bases máximas de cotización, consecuencia de la reforma de pensiones que introdujo en 2024 la revisión anual de dichas bases en función del Índice de Precios al Consumo (IPC). A la variación del IPC se suma una cuantía fija de 1,2 puntos anuales hasta 2050, lo que para 2026 supone un aumento del 3,9%, situando la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales.

El BOE especifica asimismo que la pensión máxima crecerá con el IPC y un 0,115% adicional según dictamina la reforma. Como resultado, en 2026 este límite se ubicará en 3.359,6 euros mensuales distribuidos en catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros correspondientes al ejercicio anterior.

El mecanismo de equidad intergeneracional también repercute en la cotización social. En 2026, el tipo aplicado se establecerá en 0,90 puntos porcentuales, que se repartirán entre empresa y persona trabajadora: 0,75% corresponderá a la empresa y 0,15% a la persona trabajadora, según concluyó el medio oficial.

La norma publicada también extiende la vigencia de políticas de protección destinadas a los colectivos en situación vulnerable, como la continuidad de la prohibición de cortes de servicios básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico, garantizando así recursos mínimos y estabilidad para estos grupos, informó el BOE.

El proceso de ajuste de las pensiones se apoya en la variación interanual media del IPC observada en los doce meses previos a diciembre, ya que la aprobación definitiva de los presupuestos estatales para 2026 no cuenta con fecha establecida. En años anteriores, las pensiones contributivas sufrieron otras modificaciones vinculadas a la inflación: aumentaron un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024 y un 8,5% en 2023, según los datos movilizados por el BOE.

Las medidas adoptadas aspiran a cubrir tanto las exigencias de actualización de las prestaciones como elementos de protección social ampliada. Las actuaciones incluidas en el decreto-ley abarcan además la prórroga de la moratoria de desahucios y el mantenimiento de mecanismos de apoyo económico complementario, entre ellos el incremento de la asignación para hijos a cargo en situaciones de discapacidad y la continuidad de la protección económica a familias en situación de riesgo o exclusión social, confirmó el BOE.