EEUU asegura ante el Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela

Según las declaraciones de Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas, la presión de Estados Unidos representa “la mayor extorsión conocida en nuestra historia" y configura lo que calificó como un “gigantesco crimen de agresión en desarrollo”. Durante una inédita sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada a petición de Caracas, Moncada sostuvo que Washington busca apropiarse de los principales recursos naturales de Venezuela, entre ellos el río Orinoco, el lago de Maracaibo, la isla de Margarita, las playas, ríos, llanos y montañas del país sudamericano. A la par de estas denuncias, el embajador estadounidense Mike Waltz reiteró este martes el compromiso de su gobierno para emplear “todo su poder” contra los cárteles de la droga vinculados, según sus expresiones, al gobierno de Nicolás Maduro.

El medio consigna que Waltz remarcó ante el Consejo de Seguridad que Estados Unidos impondrá “sanciones al máximo” sobre Venezuela. El diplomático subrayó la determinación de su país de privar a Maduro de “los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles”, una organización considerada terrorista por Washington y que, según los funcionarios estadounidenses, opera bajo el amparo de estructuras estatales venezolanas. Entre las medidas detalladas, Waltz mencionó la focalización de las ganancias provenientes de la venta de petróleo, señalando que estos ingresos, además de sostener al gobierno, se destinan a financiar las actividades tanto del Cártel de los Soles como del grupo Tren de Aragua, ambos clasificados como organizaciones criminales por Estados Unidos.

Durante su intervención, y tal como publicó la fuente, Waltz argumentó que los petroleros sancionados “son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo”. Reiteró que “estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles” y dejó clara la posición del gobierno estadounidense de no reconocer ni a Maduro ni a sus funcionarios como legítimos representantes de Venezuela, catalogando al presidente venezolano como “un fugitivo de la justicia estadounidense” y jefe directo del mencionado cartel. Waltz citó expresamente la intención de la Administración Trump de utilizar “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”. El embajador resaltó la percepción estadounidense de que “la mayor amenaza a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario”.

Por su parte, Moncada recalcó ante el Consejo de Seguridad que la “extorsión” ejercida por Estados Unidos se sitúa, a su juicio, “fuera de todos los parámetros racionales, de toda lógica legal, de todo precedente histórico”. Según transmitió el medio en las palabras de Moncada, Washington habría manifestado públicamente la intención de “anexarse nuestro país”. El diplomático venezolano añadió la advertencia de que la “agresión es continental” y que Venezuela sería “sólo el primer objetivo de un plan mayor” de Estados Unidos, cuyo verdadero propósito, según sus argumentos, es dividir y debilitar a los países de la región para facilitar su dominación.

El diálogo en la ONU se enmarca en una coyuntura de tensión creciente. El medio detalló que en las últimas semanas se han producido ataques del Ejército estadounidense contra embarcaciones identificadas como narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico, con saldo de más de un centenar de personas muertas. A esto se suma la decisión del gobierno venezolano de bloquear el movimiento de todos los petroleros abarcados por las sanciones estadounidenses. En acciones recientes, la Guardia Costera venezolana interceptó varios buques cargados con crudo nacional, en respuesta a las medidas restrictivas de Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump, según reiteró Waltz ante el Consejo de Seguridad, mantiene firme la estrategia de máxima presión contra el entorno de Nicolás Maduro, basándose en la acusación de que el Estado venezolano proporciona financiación y protección logística a estructuras del crimen organizado regional. El embajador vinculó directamente los beneficios generados por la venta de petróleo con el sostenimiento operativo de redes narcotraficantes, focalizando el análisis en el supuesto modelo de economía ilícita que, a juicio del gobierno estadounidense, impera bajo el régimen de Maduro.

Según reportó la fuente, el cruce de acusaciones en la sede de Naciones Unidas se intensificó luego de que Donald Trump, presidente estadounidense, afirmara la semana anterior que “no descarta” la opción de una intervención armada contra Venezuela. Esta declaración contribuyó a la incertidumbre diplomática internacional y reavivó la disputa pública entre Caracas y Washington, con ambos gobiernos reafirmando posiciones irreconciliables. Mientras Estados Unidos insiste en vincular la política petrolera venezolana con el financiamiento de grupos criminales designados como terroristas, Venezuela denuncia una operación de desestabilización motivada por intereses energéticos, identificando los recientes movimientos militares y sanciones como parte de un intento de apropiación de recursos.

El medio especificó que, en respuesta a las operaciones en el Caribe, el gobierno de Venezuela ordenó instalar mecanismos de control adicionales sobre sus puertos y rutas petroleras, limitando el acceso de buques internacionales señalados por las autoridades estadounidenses y reforzando la vigilancia sobre el contrabando de crudo. Estas acciones reflejan el nivel de confrontación alcanzado entre ambos estados, con el escenario internacional de Naciones Unidas actuando como plataforma para la exposición y enfrentamiento público de argumentos y estrategias.

Moncada concluyó su intervención reiterando que “Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico en el Caribe, sino que su misión es apoderarse de los recursos venezolanos”, negando frontalmente la narrativa de Washington y alertando sobre el posible esquema de acciones similares en otros países de la región latinoamericana. Mientras tanto, la representación estadounidense insistió en que la continuidad de las sanciones y el despliegue de medidas coercitivas buscan restringir los márgenes de operación financiera y logística de grupos criminales conectados a altos niveles del aparato estatal venezolano.

Tal como consignó la fuente, la disputa entre ambos gobiernos se desarrolla en medio de un clima regional marcado por la militarización de operaciones en aguas internacionales, sanciones económicas progresivas y declaraciones que resaltan la postura intransigente adoptada por ambas partes respecto a la legitimidad del gobierno venezolano y la utilización de recursos energéticos para objetivos políticos y criminales.