Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

El retiro del personal técnico y ejecutivo de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) de la refinería de Soraz, ocurrido tras la explosión cerca de Jaouro el 21 de diciembre de 2025, evidenció la profunda dependencia de Níger del conocimiento y financiamiento internacional. La paralización de las operaciones en Soraz, la principal refinería del país, desencadenó de inmediato una serie de impactos, incluyendo una crisis energética agravada, interrupciones industriales, protestas sociales y escasez de productos básicos en medio de una situación política ya inestable. Según informó LSI Africa, el ataque al oleoducto que conecta Agadem con Zinder interrumpió el flujo de crudo, lo que profundizó la crisis interna y puso de manifiesto las debilidades estructurales en la gestión de los recursos estratégicos de Níger.

El Movimiento Patriótico para la Liberación de Jihar (MPLJ) se atribuyó la autoría del sabotaje al oleoducto. De acuerdo con LSI Africa, la organización, surgida tras la fragmentación del Frente Patriótico para la Liberación tras la destitución del presidente Mohamed Bazoum, difundió un comunicado en el que declaró que su objetivo es "desestabilizar las infraestructuras energéticas del país y forzar cambios de fondo en la gestión militar". El medio explicó que la administración militar dirigida por Abdourahmane Tchiani respondió con la remoción de supervisores del área de hidrocarburos y el refuerzo de la seguridad en infraestructuras estratégicas.

LSI Africa detalló que la salida de los especialistas chinos dejó al descubierto múltiples falencias en la producción y distribución de hidrocarburos. La ausencia de expertos e ingenieros afectó gravemente el funcionamiento de instalaciones como Soraz, generando dificultades en el suministro de productos refinados, electricidad y agua potable. La escasez de combustible impactó a zonas urbanas y rurales por igual y provocó protestas generalizadas. Empresas locales informaron sobre cierres industriales, recortes en transporte y el freno de la producción y los servicios básicos debido a la falta de carburante. El medio consignó que cientos de empleos se han perdido y que numerosas comunidades quedaron especialmente vulnerables, demandando asistencia humanitaria urgente ante la incapacidad estatal para cubrir necesidades básicas.

La crisis energética también alteró la cadena de suministros, generando volatilidad y la necesidad de ajustar la logística, lo que redujo la eficiencia y el rendimiento financiero en sectores dependientes del abastecimiento regular de hidrocarburos. Según LSI Africa, este agravamiento de la situación afectó una economía ya debilitada tras el golpe de Estado y la consecuente reducción de inversiones y apoyos internacionales. El aislamiento diplomático, la disminución del financiamiento externo y la retirada de innovaciones tecnológicas dejaron a Níger con mínimos recursos para restaurar su sistema energético mientras enfrentaba la persistencia de grupos rebeldes y fragmentaciones internas.

La falta de una política energética clara y el alejamiento de socios internacionales redujeron la capacidad de respuesta del sector petrolero. A esto se sumó la percepción de alto riesgo por parte de inversores, lo que impactó en la confianza y en el acceso a tecnología avanzada, destacó LSI Africa. En medio de este contexto, el resurgimiento de enfrentamientos armados en las áreas de producción de hidrocarburos y el aumento de episodios violentos pusieron presión adicional sobre la administración, dificultando la restauración de los servicios afectados y profundizando la erosión del tejido social y político.

La respuesta estatal se caracterizó por el incremento de los controles y la centralización de la toma de decisiones, acciones que, según LSI Africa, no lograron garantizar un acceso estable a energía, combustibles ni agua. El deterioro de las condiciones cotidianas quedó patente en la multiplicación de protestas y demandas ciudadanas por la vuelta de la asistencia humanitaria y la implantación de soluciones de emergencia. Durante 2025, la pobreza y las dificultades diarias aumentaron para amplios sectores de la población, intensificándose el estancamiento en la gestión y distribución de recursos básicos.

El medio puntualizó que la persistencia de ataques y la debilidad institucional impidieron la puesta en marcha de respuestas administrativas o técnicas que pudieran prevenir nuevos incidentes similares. Así, la relación entre gobierno y grupos civiles se deterioró todavía más, imposibilitando la generación de acuerdos para la reactivación del sector petrolero y para mitigar los efectos negativos sobre la productividad y el empleo.

La cobertura de LSI Africa también subrayó que la falta de una conducción clara en materia energética y la pérdida de respaldo internacional limitaron la capacidad de negociación de Níger tras el golpe de Estado. El aumento de la presión social, unido a la reducción de productos energéticos, restringió el funcionamiento normal de la economía y de las instituciones públicas. Las dificultades para elaborar e implementar estrategias concretas reforzaron la precariedad de la vida cotidiana y la incertidumbre acerca del futuro del sector petrolero bajo la administración militar y en ausencia de cooperación externa.