Los talibán azotan en Kabul a once personas condenadas por tráfico de drogas y alcohol

Las autoridades judiciales en Afganistán mantienen la aplicación de castigos físicos en actos públicos tras confirmar sentencias por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, mientras crecen las críticas internacionales respecto a estos procedimientos. El Tribunal Supremo afgano, mediante un comunicado divulgado en la red social X, sostuvo que los latigazos se llevaron a cabo luego de ratificar cada sentencia judicial por cargos de contrabando y comercialización de metanfetamina, pastillas psicotrópicas, hachís y bebidas alcohólicas prohibidas, y que además los condenados enfrentan reclusión por periodos que oscilan entre siete meses y tres años. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, once personas en la ciudad de Kabul recibieron este lunes entre diez y treinta y nueve latigazos por disposición de la autoridad judicial bajo el mando de los talibán.

Europa Press reportó que el Tribunal Supremo de Afganistán remarcó la necesidad de cumplir los castigos físicos solo después de que las condenas recibieron la ratificación pertinente, reforzando la legitimidad del proceso según la interpretación de la ley islámica por parte del actual gobierno. Los casos recientes se suman a una lista creciente de sentencias públicas en distintas regiones afganas desde el regreso al poder de los talibán en agosto de 2021, lo que ha generado alarmas sostenidas desde los organismos multilaterales y agencias de derechos humanos a nivel global.

Estas penas corporales, que incluyen latigazos administrados en público, han desencadenado numerosas advertencias y presiones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Según informó Europa Press, la ONU reiteró su condena a la práctica y pidió a las autoridades afganas que declaren una moratoria inmediata sobre este tipo de castigos, entendida como un primer paso hacia su eliminación definitiva del sistema judicial del país. Los llamados públicos de la ONU insisten en que estos procedimientos violan compromisos internacionales en materia de derechos humanos y representan una amenaza a la dignidad fundamental de las personas.

Además, el reporte del medio europeo subraya que la preocupación internacional ha ido en aumento ante la persistencia y frecuencia de estos episodios, motivando un seguimiento cada vez más estricto de la situación por parte de organismos especializados. Tanto las misiones de la ONU como las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos monitorean el desarrollo de cada caso y los posicionamientos oficiales del régimen afgano.

Las autoridades bajo control talibán argumentan, según detalló Europa Press, que la imposición de castigos físicos y privativos de libertad responde a la necesidad de combatir el tráfico y consumo de sustancias consideradas ilícitas según su interpretación de la ley islámica. El Tribunal Supremo enfatizó en su comunicado que los alimentos y drogas prohibidos —entre ellos el alcohol, la metanfetamina y distintos tipos de comprimidos narcóticos— continúan siendo uno de los temas centrales en el debate local e internacional vinculado a las políticas de justicia en el país.

Europa Press señaló que, pese a las reiteradas solicitudes de revisión legislativa y a los mensajes de repudio de la comunidad internacional, la administración encabezada por los talibán mantiene la justificación de la legalidad de estos castigos a través de procedimientos judiciales internos. Las personas sancionadas no solo reciben flagelación, sino que también permanecen privadas de libertad el tiempo dispuesto por las sentencias correspondientes. El tribunal indicó que estos castigos responden a delitos confirmados judicialmente, asociados a operaciones de contrabando y venta de sustancias ilegales en Afganistán.

El seguimiento a este tipo de prácticas públicas por parte de organismos multilaterales evidencia un esfuerzo de la comunidad internacional por instar a las autoridades afganas a modificar su marco normativo y adecuarlo a estándares reconocidos globalmente. Según lo recabado por Europa Press, Naciones Unidas mantiene una postura categórica sobre la incompatibilidad de los castigos corporales con los tratados de derechos humanos aceptados por la mayoría de los países.

Asimismo, organizaciones humanitarias y entidades de defensa legal internacionales remiten llamados recurrentes al gobierno de facto en Kabul, destacando la necesidad urgente de revisar el sistema penal para evitar nuevas vulneraciones a los derechos fundamentales. Europa Press recopiló que más allá del ámbito interno, la repercusión de estos hechos intensifica la presión sobre la administración talibán en términos de relaciones y cooperación internacional. Las críticas no se limitan a los azotes, sino que alcanzan todo el espectro de penas corporales bajo discusión y vigilancia constante.

Las acciones del Tribunal Supremo y su exposición pública a través de redes sociales constituyen una estrategia de visibilidad de las medidas implementadas, según publicó Europa Press. El organismo judicial busca recalcar la transparencia procesal al asegurar, mediante comunicados, que cada castigo obedece a sentencias ratificadas en procedimientos debidamente auditados bajo su legislación vigente, pese a las denuncias y demandas internacionales.

En este contexto, tanto la vigilancia internacional como los informes periódicos de medios como Europa Press documentan la reiteración de estas sanciones y muestran un escenario en el que las discrepancias entre las normas internas y los estándares internacionales persisten, generando tensiones constantes en el campo de los derechos humanos.