La huelga de hambre de Palestine Action es ya la más larga en las cárceles británicas desde la del IRA

La situación de Heba Muraisi, quien permanece sin alimentarse desde hace 49 días en la prisión HMP Newhall y cuenta con familiares en Gaza, se ha transformado en una fuente de preocupación pública y ha generado movilizaciones en solidaridad con los reclusos de Palestine Action. De acuerdo con información de Europa Press, Muraisi representa uno de los casos más destacados entre los huelguistas de hambre, cuya protesta ha sobrevivido más de 50 días y ya es considerada la huelga de hambre más extensa registrada en cárceles británicas desde los movimientos protagonizados por miembros del IRA en 1981. Esta prolongada acción ha reavivado el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario del Reino Unido y el empleo de la legislación antiterrorista en casos de protesta política.

Según publicó Europa Press, Kamran Ahmed, otro de los detenidos implicados en la huelga, ha perdido 15 kilogramos, experimenta recurrentes dolores en el pecho, temblores y dificultades de movilidad, lo que evidencia el deterioro físico considerable derivado de la protesta. Amy Gardiner-Gibson, conocida también como Amu Gib, y Qesser Zuhrah encabezan el movimiento desde su ingreso a prisión. Europa Press destacó que Zuhrah requirió hospitalización recientemente a causa de las complicaciones asociadas a la ausencia prolongada de alimento, subrayando los riesgos sanitarios implicados para los participantes en la huelga. El movimiento mantiene en alerta tanto a familiares como a colectivos defensores de los derechos humanos ante el agravamiento de la salud de los activistas, lo que ha conducido a aumentar las denuncias públicas sobre la situación de los huelguistas.

La raíz del conflicto, según detalló Europa Press, se ubica en la decisión de restringir a los detenidos de Palestine Action el acceso a correspondencia, llamadas telefónicas y visitas. Estas limitaciones, implementadas tras la proscripción oficial de la organización el 5 de julio, bajo una directiva de la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, bajo el amparo de la Ley Antiterrorista de 2000, desencadenaron la actual campaña de huelga de hambre. Los activistas buscan el levantamiento inmediato de esas restricciones, la revisión del estatus de ilegalidad de la asociación, el cierre de empresas vinculadas con la industria bélica y relaciones comerciales con Israel, así como la libertad bajo fianza para quienes se encuentran aún en prisión.

La cobertura de Europa Press remarca que, pese al deterioro manifiesto de los huelguistas, las autoridades del Reino Unido optaron por limitar su intervención al seguimiento de los protocolos legales y las normas estatales relativas al bienestar de las personas privadas de libertad. Hasta ahora, la administración penitenciaria sostiene su cumplimiento de las obligaciones estatutarias y las garantías fundamentales, atendiendo tanto al derecho a la salud como a los procedimientos establecidos para casos de protesta en prisión.

El caso de Teuta Hoxha, quien concluyó su huelga de hambre después de 40 días tras un acuerdo alcanzado con la dirección de la cárcel de HMP Peterborough, aporta otro elemento al panorama de esta protesta. A su vez, otros activistas como Jon Cink y Umer Jalid abandonaron la huelga tras 38 y 12 días respectivamente. El medio Europa Press señaló que la totalidad de estos participantes enfrenta cargos que incluyen robo, daños a la propiedad y alteración del orden público.

En el plano internacional, la respuesta incluyó llamados de organismos clave. Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, urgió a Reino Unido a revocar la medida que proscribió a Palestine Action, argumentando que la disposición sobrepasa el ámbito de actuación previsto para el combate al terrorismo. Otras organizaciones internacionales sumaron exigencias para que el gobierno británico analice la reversión de esta política, respaldando el derecho a la asociación y la defensa de la protesta pacífica como parte esencial de los derechos humanos reconocidos globalmente.

El debate se intensificó luego de la intervención del Tribunal de Apelaciones en octubre, que aceptó la demanda presentada por Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, contra la orden que prohíbe las actividades del grupo. Según consignó Europa Press, esta decisión judicial añadió complejidad a la discusión legal en torno al alcance y límites de la Ley Antiterrorista y los marcos regulatorios sobre la protesta social.

Las historias individuales de los reclusos contribuyeron a impulsar campañas de apoyo convocadas por distintas organizaciones civiles y familiares. La visita de Jeremy Corbyn, exlíder laborista, a una de las activistas en prisión confirió mayor visibilidad pública y mediática al caso, extendiendo la atención tanto dentro del país como en el contexto internacional. Europa Press reportó que estos gestos alimentan la creciente movilización social que exige mayor transparencia y vigilancia institucional en el tratamiento de los huelguistas.

Diversos abogados responsabilizan a las autoridades penitenciarias y al ministro de Justicia, David Lammy, de no proporcionar respuesta adecuada ante los riesgos vitales enfrentados por los manifestantes. Conforme a lo expuesto por Europa Press, los representantes legales han solicitado formalmente una audiencia urgente para tratar la gravedad del estado de salud de los activistas y reclamar una solución que salvaguarde su integridad.

A medida que la huelga supera los 50 días, la atención se centra sobre los efectos a largo plazo de la aplicación de legislaciones restrictivas sobre la protesta social y su impacto en el respeto a los derechos fundamentales. Según Europa Press, organizaciones humanitarias insisten en que la prolongación de este tipo de acciones plantea un desafío significativo para el sistema legal y penitenciario del Reino Unido, situando la actual protesta en el contexto histórico de las huelgas del IRA y subrayando la vigencia del debate sobre proporcionalidad y legitimidad de las medidas estatales en el marco legal vigente.

El episodio ha incrementado la demanda de observancia de los compromisos internacionales por parte del gobierno británico en materia de derechos humanos. Europa Press afirmó que la combinación de huelgas individuales, intervenciones judiciales, apoyo social y presión internacional mantiene abierto un intenso debate en torno a la legitimidad y sustento legal de la respuesta institucional ante la protesta de Palestine Action y el tratamiento de los activistas en las prisiones británicas.