La Asociación para la Transición Energética pide a la CNMC modificar la circular de redes eléctricas

El dictamen reciente del Consejo de Estado, solicitado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), identificó contradicciones entre la propuesta de circular sobre redes eléctricas y las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalando a su vez una extralimitación competencial del regulador en temas propios de la política energética. Según publicó la Asociación para la Transición Energética (ATE), este análisis ha sido tomado como argumento principal para pedir que se detenga cualquier modificación apresurada de la actual normativa y se inicie un proceso de ajuste acorde a los criterios de los órganos oficiales.

De acuerdo con la información difundida por ATE y recogida por varios medios, la organización ha solicitado a la CNMC reconsiderar el proyecto de circular sobre redes eléctricas que pretende aprobarse inmediatamente, argumentando que la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria representan factores imprescindibles para garantizar la canalización de nuevas inversiones y mantener la confianza de operadores e inversores en el marco regulatorio español. La petición de la ATE surge en un contexto en el que la CNMC tiene previsto celebrar una reunión el lunes 22 de diciembre para debatir el nuevo modelo de cálculo de la retribución de las redes eléctricas, que se aplicaría a partir del 1 de enero de 2026. La Asociación defiende que mantener el sistema de retribución vigente, basado en costes auditados, debe ser la norma mientras se desarrolla una propuesta normativa revisada, medida que consideran esencial para evitar vacíos regulatorios y problemas de inseguridad jurídica en la transición hacia el siguiente periodo regulatorio.

Tal como detalló ATE en su comunicado, existen diferencias sustanciales entre la propuesta de circular presentada por la CNMC y el marco normativo elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situación evidenciada en el dictamen previamente citado del Consejo de Estado. Según la Asociación, dicho dictamen atribuye al Ministerio competencias exclusivas en materia de política energética, respaldando así la postura de ATE, que ha mantenido su oposición en los procesos de consulta pública realizados en los últimos meses. Durante estos debates, la organización ya había puesto sobre la mesa la existencia de posibles conflictos regulatorios y de competencias, alertando del riesgo de generar descoordinación institucional en un momento clave para la transición energética.

El medio cita que, ante la proximidad del inicio de un nuevo ciclo regulatorio y la falta de tiempo material para someter la propuesta a una consulta pública formal y aprobar las modificaciones, ATE ve inviable adoptar cambios significativos sin un proceso riguroso. La organización considera que la aplicación apresurada de un nuevo modelo podría frenar o retrasar inversiones necesarias para la ampliación y modernización de las redes eléctricas, que son consideradas un elemento central en la transición hacia una economía más sostenible y menos dependiente del carbono.

Entre los argumentos presentados, la agencia resalta que la actual metodología de retribución por costes auditados ha resultado eficaz tanto para la planificación de inversiones como para el fomento de proyectos inmediatos y anticipatorios requeridos por la economía, según datos recogidos en diversos medios. La asociación insiste en que cualquier revisión normativa debe responder a criterios que aseguren un equilibrio entre la predictibilidad para los inversores, el atractivo para el capital privado y la coherencia con los objetivos climáticos nacionales e internacionales.

ATE también solicitó que la nueva circular incorpore fórmulas de incentivos destinadas a fomentar tanto inversiones necesarias en el corto plazo como inversiones anticipadas, que puedan acelerar el avance de España en el proceso de transición hacia un modelo energético descarbonizado. Según publicó la Asociación, dichas inversiones resultan fundamentales para consolidar la competitividad de la economía nacional en los próximos años y para cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno en relación a la reducción de emisiones y el impulso de energías renovables.

El Consejo de Estado, en su análisis, sostuvo que la coordinación entre los diferentes cuerpos estatales es esencial para evitar solapamientos normativos y desajustes regulatorios. De acuerdo con lo reportado por la ATE, el cumplimiento de la hoja de ruta establecida por el Ministerio requiere un esfuerzo de alineación entre instituciones, con la CNMC ocupando un papel relevante, pero siempre dentro de los límites marcados por la legislación vigente y las competencias atribuidas a cada órgano.

Por este motivo, la Asociación enfatizó la necesidad de priorizar el consenso institucional y la cooperación interadministrativa para poder formular y promulgar una nueva circular que refleje las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado y las directrices ministeriales. La organización reclama transparencia en el proceso de redacción, así como la inclusión de todos los actores implicados, con el objetivo de evitar decisiones unilaterales que puedan afectar negativamente al desarrollo del sector eléctrico.

La posición de la Asociación para la Transición Energética reitera que avanzar hacia una normativa consolidada y estable reforzará la confianza de los inversores y facilitará la ejecución de las inversiones previstas, necesarias para la modernización de las redes y para alcanzar los niveles de electrificación y descarbonización definidos en los planes oficiales. Según insistió ATE, solo un modelo regulatorio alineado con los objetivos institucionales y legales facilitará el desarrollo del sector y reducirá el riesgo de litigios o retrasos injustificados.

Finalmente, la organización solicitó que la CNMC publique en los próximos meses una propuesta revisada de la circular, diseñada en colaboración con el Ministerio y en consulta con los diferentes agentes del sector, para facilitar la adaptación progresiva del sistema sin poner en peligro la continuidad de las inversiones y los compromisos climáticos adquiridos por España.