
Durante la revisión minuciosa de las actas electorales en Honduras, observadores nacionales e internacionales se mantienen en el Centro Logístico Electoral del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), atentos a cada fase, lo que subraya la elevada presión social y política por la transparencia del proceso de escrutinio. El principal foco de atención recae sobre el análisis de 2.800 urnas en las que se han detectado irregularidades graves, lo que ha generado una serie de exigencias para la realización de auditorías exhaustivas, así como el acceso y publicación inmediata de toda la documentación generada. Según consignaron HRN y El Heraldo, la revisión y escrutinio de los votos ha dejado en evidencia múltiples inconsistencias que tensan el clima político y postergan un cierre oficial del conteo, a pesar de que el avance generalizado del proceso alcanza el 99,80 por ciento.
De acuerdo con El Heraldo, la revisión integral incluye un total de 8.845 urnas, con particular atención en aquellos paquetes que presentan irregularidades documentales definidas como severas. La detección de actas sin registro de votos pero con boletas marcadas dentro de los paquetes ha impulsado solicitudes formales para investigar la legitimidad y la autenticidad de cada paquete electoral, intensificando los reclamos de auditorías independientes y la transparencia en la publicación de resultados. Estas anomalías han sido catalogadas como posibles infracciones penales por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, quien afirmó, en palabras reproducidas por HRN y El Heraldo, que “la aparición de actas sin datos, acompañadas de boletas correctamente marcadas, podría constituir una infracción penal”. Hall detalló que las responsabilidades se determinarán individualmente, asegurando que no se responsabilizará de manera generalizada al cuerpo de funcionarios ni a la institución, y enfatizó la importancia de validar cada voto en disputa.
HRN publicó que, para reforzar la independencia del proceso y ante la preocupación por la fiabilidad de las actas, la revisión de los materiales se realiza exclusivamente por representantes de los partidos políticos, excluyéndose a los funcionarios del CNE de las mesas de escrutinio. Esta medida busca fortalecer la credibilidad y garantizar controles efectivos, aunque la persistencia de actas impugnadas sigue generando dudas en la opinión pública sobre la fiabilidad del proceso y la posibilidad de reconocer los resultados preliminares. En este contexto, la presión de sectores sociales y organizaciones internacionales por fortalecer la transparencia y la legalidad no ha disminuido.
El Heraldo destacó que la ausencia de resolución definitiva y la presencia de más de dos mil urnas aún bajo revisión mantienen un clima de incertidumbre, situación agravada por la suspensión y anulación reiterada de actas que obstaculizan el cierre oficial del escrutinio. Las demandas para que el CNE informe con precisión y transparencia cada uno de los pasos del procedimiento son una constante, en tanto los pedidos de auditoría se mantienen desde organizaciones nacionales y extranjeras que vigilan el desarrollo del proceso en el Infop.
El ambiente político se ha visto sacudido por las declaraciones de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, quien pidió, según consignó El Heraldo, la revisión inmediata de todos los paquetes impugnados y un seguimiento estricto de la normativa electoral. Nasralla insistió en la validez de que cada sufragio lleve la firma requerida y que se entregue comprobante al elector, afirmando: “Así que nadie tiene miedo de seguir aplicando la ley para que se cumpla la voluntad de ocho millones de hondureños”. El estrecho margen en los resultados preliminares entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, con un 40,54 por ciento de los votos, y Nasralla, con un 39,20 por ciento, refuerza aún más la presión sobre la revisión de cada acta, según los datos divulgados por HRN y El Heraldo.
El Partido Liberal ha formalizado su demanda de una revisión individual, urna por urna, antes del 15 de diciembre, y ha propuesto un recuento voto por voto en aquellos paquetes en disputa o identificados como de alto riesgo. El objetivo de esta propuesta, informó El Heraldo, apunta a asegurar la autenticidad de los resultados frente al electorado y a despejar cualquier duda sobre la legitimidad del próximo gobierno. El procedimiento actual focaliza el escrutinio en las actas anuladas y en la revisión escrupulosa de las papeletas observadas, siguiendo la normativa nacional. HRN advirtió que estos controles podrían derivar en sanciones penales si llegara a comprobarse alguna manipulación voluntaria de los materiales electorales.
Durante la verificación y control, representantes de la ciudadanía, delegados de partidos y misiones internacionales permanecen en el Infop, garantizando la observación continua, el registro detallado y la vigilancia en el cumplimiento de cada etapa. HRN y El Heraldo han recogido opiniones de sectores sociales que advierten que la falta de una auditoría completa elevaría el riesgo de impugnaciones y multiplicaría los cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones, así como la aceptación internacional del resultado.
Dentro del CNE, sus presidentes y voceros han realizado declaraciones para delimitar el alcance legal de las irregularidades que han salido a la luz. Ana Paola Hall señaló también, según HRN y El Heraldo, que hubo intentos de manipulación en fases de apertura y control de los materiales, agregando que las sanciones, si las hubiera, tendrán carácter personal y no institucional, reiterando la centralidad de preservar la validez individual de cada sufragio. Las deliberaciones públicas y los controles se han realizado bajo supervisión y presión constante de diferentes actores nacionales e internacionales, mientras la sociedad y las misiones extranjeras se mantienen atentos al desenlace.
El Heraldo subrayó que la comunidad internacional y la ciudadanía hondureña siguen atentamente la evolución del proceso, pendiente de la rendición de cuentas y de la transparencia comunicativa en cada fase posterior de revisión. Hasta el cierre del reporte, más de dos mil urnas continuaban bajo análisis, integrando la auditoría especial, y la expectativa respecto del reconocimiento de los resultados y el cierre oficial del proceso sigue abierta.
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