El juzgado de Grado investigará la muerte por disparo de un oso pardo en Belmonte ocurrida en verano

La negativa del Gobierno del Principado de Asturias a facilitar el acceso a los informes de necropsia de los osos muertos por causas violentas ha generado críticas de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que acusa a la administración regional de mantener un “ocultismo” sobre la situación de las especies protegidas. Según informó la organización, esta falta de transparencia representa una barrera para el seguimiento de los casos de caza ilegal y dificulta la labor de fiscalización de los colectivos ambientalistas.

La Fiscalía presentó una denuncia ante el Juzgado de Grado tras el hallazgo del cadáver de un oso pardo de unos 170 kilos en Cuevas, en el concejo de Belmonte de Miranda. El medio local detalló que, según la Coordinadora Ecologista de Asturias, el animal fue encontrado muerto el verano pasado con al menos un impacto de bala. El caso se investiga como un presunto delito contra la fauna y los animales, dado que el oso pardo está catalogado como una especie en peligro de extinción.

Tal como reportó la Coordinadora Ecologista, este suceso se suma a otros casos recientes de furtivismo en la región. Además del hallazgo en Belmonte, la organización ha señalado que existen denuncias por muertes similares de osos en municipios como Degaña e Ibias, aunque hasta la fecha ninguno de estos episodios ha sido esclarecido. La persistencia de estos hechos ha alimentado la preocupación de las entidades ambientalistas por el incremento de la caza ilegal en Asturias.

El colectivo ha vinculado el aumento de los casos de furtivismo con el deterioro de las condiciones de trabajo de los agentes de medio ambiente del Principado. Según informó la Coordinadora Ecologista de Asturias, esta “degradación” es identificada como una de las principales causas del repunte de delitos contra la fauna protegida en el territorio. Consideran que una mejora en los recursos y condiciones para estos trabajadores podría contribuir a una mayor vigilancia y prevención de la caza ilegal.

La organización también ha mostrado su descontento por la exclusión de los grupos ecologistas como parte interesada en los expedientes relativos a la muerte de ejemplares de especies protegidas. Esta exclusión, señalan, limita las posibilidades de supervisión y control externos sobre la gestión de los recursos y la respuesta institucional ante los delitos medioambientales, según la Coordinadora.

El caso del oso pardo hallado en Belmonte de Miranda no es un hecho aislado. La Coordinadora Ecologista aseguró que durante los últimos meses se han producido varias muertes similares de osos en distintos municipios de Asturias. El auge de estos episodios refleja, según la organización, una tendencia preocupante ligada tanto a la actividad furtiva como a la falta de información pública sobre las causas y circunstancias de las muertes de animales protegidos.

Según consignó la Coordinadora Ecologista de Asturias, estos hechos también ponen de relieve la necesidad de un mayor compromiso institucional con la protección de las especies en peligro y una gestión más abierta de los datos que permitan conocer el alcance real de la problemática. Las organizaciones ambientalistas sostienen que la transparencia resulta clave para evaluar la efectividad de las políticas públicas y sensibilizar a la población acerca del riesgo que afrontan especies como el oso pardo en la comunidad.

De acuerdo con la Coordinadora, la demanda ante la Fiscalía representa un paso relevante en la exigencia de responsabilidades y el avance de las investigaciones sobre los delitos cometidos. La apertura de diligencias por el Juzgado de Grado responde a la gravedad del hecho y a la obligación legal de proteger a las especies incluidas en el catálogo de animales en peligro.

La Coordinadora Ecologista ha reiterado la importancia de que se esclarezcan tanto este caso como los anteriores, y solicita a las autoridades regionales que adopten medidas para reforzar la vigilancia y perseguir el furtivismo. También pide establecer mecanismos para que los informes de necropsia puedan ser revisados por las entidades ambientalistas, facilitando el acceso a la información y permitiendo su colaboración en la protección de la fauna.

Según publicó la Coordinadora Ecologista, la situación del oso pardo en Asturias exige colaboración interinstitucional y social para abordar tanto la preservación de la especie como el control de la caza ilegal. La organización advierte sobre el riesgo de que la falta de actuaciones contundentes termine agravando la amenaza sobre las poblaciones silvestres.

El caso que actualmente investiga el Juzgado de Grado se enmarca, según denunció la Coordinadora, en un escenario de crecientes tensiones entre organizaciones, autoridades y sectores que demandan diferentes usos del entorno rural. La persistencia de la caza ilegal y la demanda de mayor acceso a los datos oficiales seguirán ocupando la agenda ambiental en el Principado, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer lo sucedido con el oso pardo abatido en Belmonte de Miranda.