Hegseth afirma que compartirá con un grupo de congresistas el vídeo del primer bombardeo en el Caribe

La disponibilidad hasta ahora restringida del vídeo íntegro sobre el primer bombardeo efectuado en el Caribe por parte de fuerzas estadounidenses comenzará a cambiar, tras la decisión del secretario de Defensa de entregar las grabaciones al Congreso. Según detalló Bloomberg, la difusión del vídeo sin editar responde a demandas persistentes de legisladores, quienes buscan esclarecer los hechos de la operación antidroga del 2 de septiembre, marcada por la muerte de once personas y controversias sobre el uso de la fuerza.

De acuerdo con Bloomberg, el Pentágono tiene previsto poner a disposición de los miembros del Comité de Servicios Armados el archivo audiovisual completo junto con un dosier elaborado por el almirante Frank Bradley, responsable de la misión. El acceso a este material se produce en un contexto de creciente presión parlamentaria sobre el Departamento de Defensa, desencadenada por la amenaza de retener hasta el 74 por ciento de los fondos para viajes institucionales si no se entregaba la grabación a los legisladores. Bloomberg informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentará el material el miércoles a los representantes, en respuesta directa al ultimátum emitido desde el Congreso.

Durante la operación en cuestión, el primer ataque provocó la muerte de nueve personas que se encontraban a bordo de una presunta narcolancha. Según consignó Bloomberg, un segundo bombardeo dirigido a los supervivientes dejó dos fallecimientos adicionales, generando cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa de la Armada estadounidense, que prohíbe ataques contra personas fuera de combate. Legisladores de ambas bancadas han centrado sus demandas en la transparencia, exigiendo la entrega del vídeo ante sospechas de posibles crímenes de guerra.

The Washington Post reportó que, tras la primera ofensiva, Hegseth habría impartido de manera verbal la instrucción de impedir que los tripulantes sobrevivientes huyeran, acción que alude al debate sobre la legalidad de atacar a quienes ya se encontraban fuera de combate. El medio enfatizó que las regulaciones militares estadounidenses indican que no se deben dirigir ataques de forma deliberada contra personas incapacitadas o que no participan activamente en hostilidades.

Consultado por Bloomberg, Hegseth rechazó haber incurrido en ilegalidades durante el operativo y defendió la legalidad de los procedimientos aplicados bajo la dirección de Bradley. El secretario de Defensa aseguró que existe plena disposición a colaborar con las investigaciones parlamentarias y a facilitar toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

En paralelo, el presidente Donald Trump ha evitado emitir comentarios directos sobre la operación en sus comparecencias con los medios de comunicación, remitiendo la responsabilidad sobre la divulgación del material audiovisual al propio secretario de Defensa y a su equipo. Bloomberg indicó que Trump mostró incomodidad frente a las preguntas acerca del caso, dejando en manos del Pentágono la decisión sobre la publicación de los registros. El canal de comunicación oficialista añadió que la información asociada al operativo se mantiene bajo clasificación ultrasecreta, con la justificación de proteger la seguridad nacional, por lo que no se difundirá públicamente fuera de los canales institucionales.

Desde septiembre, el Pentágono ha ejecutado cerca de veinte acciones similares en el Caribe y el Pacífico, en el marco de una estrategia enfocada en combatir el tráfico de drogas en aguas internacionales. Bloomberg reportó que estas operaciones han sido influenciadas en parte por el éxodo de Nicolás Maduro desde Venezuela, un hecho que, según funcionarios de Washington citados por el medio, constituye un contexto relevante para la comprensión de la escalada militar en la región.

En la actualización más reciente de Bloomberg se detalló que el número de víctimas mortales atribuidas a los bombardeos del Departamento de Defensa sobre embarcaciones sospechosas ya supera las noventa personas, tras confirmarse la muerte de ocho tripulantes más en los operativos de los últimos días sobre tres nuevas embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas.

Las acciones del Pentágono han provocado la intensificación del debate en el Congreso y en sectores de la sociedad estadounidense sobre el costo humano de las ofensivas, la legalidad de los métodos empleados y la necesidad de un mayor control legislativo sobre las actuaciones de las fuerzas armadas. De acuerdo con Bloomberg y The Washington Post, la investigación en curso podría tener consecuencias sobre el manejo futuro de los fondos de defensa estadounidenses, la implementación de nuevas normas de supervisión parlamentaria y la revisión de los procedimientos de transparencia en las operaciones militares encubiertas.

La entrega del dosier elaborado por el almirante Bradley junto con la grabación inédita se presenta como una respuesta formal a las exigencias de los legisladores, marcando un hito en la disputa entre los requerimientos de información del Congreso y las limitaciones invocadas por el Pentágono bajo el argumento de la seguridad nacional. Bloomberg informó que las autoridades del Departamento de Estado, bajo la jefatura de Marco Rubio, han sostenido encuentros con Hegseth para discutir la administración y eventual publicación del material resguardado por confidencialidad.

La confrontación entre la necesidad de transparencia parlamentaria y las reglas de reserva operativa ha marcado el rumbo de los recientes intercambios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Washington. Legisladores de ambos partidos esperan que el acceso al vídeo sin cortes proporcione claridad sobre el desarrollo del operativo, las razones detrás del segundo ataque y el cumplimiento o no de la normativa sobre ataques a personas fuera de combate.

La publicación de Bloomberg indicó que el desarrollo y análisis parlamentario de este material podría incidir directamente en la revisión de la doctrina militar estadounidense referente al uso de la fuerza, la protección de supervivientes tras ataques y el mecanismo de rendición de cuentas de los responsables de operaciones militares internacionales. Mientras tanto, la cantidad de víctimas asociadas a estas campañas, junto con la presión ejercida por el Congreso, ha catalizado la discusión sobre la legitimidad de los criterios que orientan estas operaciones en el Caribe y el Pacífico.