
Según informó el medio, más de 2.000 profesionales del sistema judicial han completado cursos de formación en igualdad y contra la violencia de género entre 2019 y 2025. Esta cifra fue resaltada en una reciente proposición presentada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, iniciativa que tiene el objetivo de impulsar la participación de jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia en programas de capacitación relacionados con la igualdad de género.
Tal como detalló la fuente, el PSOE registró una proposición de ley ante la Cámara Baja para que el Gobierno promueva e intensifique la formación en materia de igualdad dentro de la judicatura. La propuesta será discutida en la Comisión de Justicia e insiste en que esta capacitación constituye un elemento esencial para obtener una justicia más efectiva y que responda adecuadamente a las necesidades de las víctimas, en particular ante casos relacionados con la discriminación.
El documento que presentó el PSOE, según reportó la fuente, argumenta que estas políticas de formación resultan fundamentales para fortalecer la igualdad y la protección de las mujeres frente a cualquier expresión de violencia en todos los procesos judiciales. De acuerdo al texto, desde el año 2018, las pruebas de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial incorporan módulos centrados en igualdad, discriminación por motivos de sexo y violencia contra la mujer. Este enfoque, de acuerdo con la proposición, se consolida como parte de la legislación vigente, ya que tanto la Ley del Poder Judicial como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género exigen la inclusión de contenidos sobre el principio de no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres en los temarios de acceso a la judicatura.
Por otra parte, la iniciativa socialista resalta que la perspectiva de género se ha transformado en un principio esencial al momento de aplicar el marco jurídico. Esta perspectiva, según recoge el medio, permite garantizar que no existan diferencias de trato entre mujeres y hombres y posibilita una respuesta más adecuada ante situaciones de violencia de género. El documento recuerda que estos objetivos se alinean con las directrices del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El PSOE subraya en la exposición de motivos que, para dotar a los jueces de herramientas que les permitan identificar y visibilizar estereotipos de género, consideran fundamental continuar actualizando sus conocimientos a través de formación continua. El partido sostiene que este entrenamiento posibilita un abordaje más preciso de los casos, reduciendo la influencia de ideas preconcebidas o prejuicios en la toma de decisiones judiciales.
Otra de las cuestiones recogidas por la fuente señala el consenso que existe entre las distintas asociaciones de jueces, las cuales reconocen el valor de la formación como mecanismo imprescindible para lograr una Justicia carente de estereotipos y para que España cumpla con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Así, la formación se define como un derecho, pero también como una obligación, especialmente enfocada en erradicar los sesgos machistas para asegurar imparcialidad en las resoluciones judiciales.
El medio también incluyó que la presentación socialista recalca la importancia de que la formación con enfoque de género en la Administración de Justicia facilite el establecimiento de un sistema judicial más equitativo. El documento sostiene que solo mediante la implementación sistemática y continua de estos cursos se podrá garantizar que el sistema legal español brinde respuestas ajustadas tanto a los principios de igualdad como a las normativas internacionales en la materia.
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