Vox pide la comparecencia en el Congreso de María Jesús Montero, Sara Aagesen y Óscar Puente por el caso Plus Ultra

Entre los altos funcionarios cuya presencia en el Congreso ha sido solicitada se cuentan representantes de distintos organismos estatales y ministerios, así como directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de las carteras de Hacienda, Industria y Energía. Este requerimiento se presentó mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lleva adelante una investigación secreta en torno a la aerolínea Plus Ultra por supuestas operaciones de blanqueo de capitales y tras la reciente detención de su presidente y consejero delegado, Roberto Roselli. La investigación judicial está a cargo del mismo juzgado que, en enero de 2023, resolvió archivar una causa donde se analizaban posibles irregularidades en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a la compañía durante la pandemia. El grupo parlamentario Vox ha impulsado esta acción parlamentaria en el contexto de ese escenario, según reportó el medio.

Vox registró este viernes diversas solicitudes formales ante el Congreso de los Diputados para requerir la comparecencia de varios ministros y altos cargos del Gobierno con el objetivo de clarificar los aspectos relativos al caso Plus Ultra, según consignó el medio. Entre los funcionarios para los que el grupo solicitó comparecencia se encuentran la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El alcance de la petición legislativa también incluye a otros funcionarios con responsabilidades en la gestión de fondos públicos y supervisión de empresas públicas. Vox solicitó escuchar ante la Comisión de Hacienda y Función Pública al secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo; al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; al secretario de Estado de Industria, Jordi García; así como a la subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez. También fueron propuestos para comparecer el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, además de otros miembros vinculados a este organismo, a Industria y a Hacienda, según detalló el medio.

De acuerdo con la información de la fuente, la investigación en torno a Plus Ultra se ha intensificado en los últimos días tras los registros realizados por la UDEF en la sede de la empresa. La actuación policial se basa en indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales. La operación llevó a la detención del presidente y consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y a la incautación de documentación e información relevante para la causa.

La judicatura mantiene bajo secreto de sumario la investigación, lo que impide el acceso público a muchos detalles del caso. Sin embargo, el contexto judicial se relaciona con un antecedente que data de la pandemia, cuando la SEPI aprobó la concesión de un rescate financiero de 53 millones de euros a Plus Ultra. Esa ayuda formó parte de las medidas estatales orientadas a sostener empresas consideradas estratégicas ante el impacto económico provocado por la emergencia sanitaria. El rescate fue objeto de escrutinio en sede judicial, pero la causa fue archivada a comienzos de 2023, según recordó la fuente.

En este contexto, las iniciativas de Vox en el Congreso buscan esclarecer la actuación de los responsables ministeriales y de los directivos de organismos públicos en la tramitación de la ayuda y en la posterior supervisión de Plus Ultra. El objetivo declarado por el grupo parlamentario es obtener información detallada sobre los criterios y procesos seguidos para la concesión de los fondos, así como el control ejercido sobre la solvencia y la operatividad de la aerolínea.

Según informó el medio, la preocupación parlamentaria gira en torno a la transparencia en el uso de recursos públicos, la fiscalización de los procedimientos administrativos y las posibles responsabilidades de los funcionarios implicados en la toma de decisiones relativas al rescate. Además del interés sobre la gestión estatal del caso Plus Ultra, la investigación policial aborda la posible existencia de movimientos irregulares de fondos y la utilización de mecanismos que pudieran encajar en el delito de blanqueo.

En las próximas semanas, se espera que la Mesa del Congreso se pronuncie sobre las solicitudes de comparecencia, lo que podría derivar en sesiones específicas en comisiones parlamentarias para interrogar a los altos cargos mencionados. Paralelamente, las actuaciones judiciales y policiales continúan en desarrollo, en tanto que la situación legal de los directivos de Plus Ultra, incluido su presidente detenido, sigue pendiente de resolución, de acuerdo con lo informado.