EEUU confisca crudo de petrolero venezolano y líderes latinoamericanos rechazan la acción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores a su listado de personas sancionadas, todos ellos familiares de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta medida formó parte de una serie de sanciones implementadas por la administración de Donald Trump, que también abarcaron a empresarios, seis compañías navieras y seis buques vinculados al sector petrolero de Venezuela. Según reportó la agencia EFE, Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los "narcosobrinos", fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y posteriormente condenados en Estados Unidos en 2016.

En paralelo a estas sanciones, las autoridades estadounidenses llevaron el petrolero venezolano Skipper a uno de sus puertos, donde permanece bajo custodia para la inspección de su cargamento de crudo. El traslado del buque se realizó en el contexto de una operación conjunta del Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra —anteriormente Defensa— y la Guardia Costera de Estados Unidos. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “el buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido”.

El Skipper fue detenido el miércoles tras la orden de un juez estadounidense, bajo sospecha de tener vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington. Aunque en este operativo el buque transportaba crudo venezolano, según consignó The New York Times. El abordaje ocurrió mediante un amplio despliegue que incluyó helicópteros y embarcaciones rápidas, con efectivos estadounidenses armados, hecho calificado por el gobierno venezolano como acto de asalto y robo.

La detención del Skipper motivó rápidas reacciones entre los gobiernos de la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su rechazo a la incautación y aseguró que su país no rechazaría una potencial solicitud de asilo político de Nicolás Maduro en caso de que este decidiera abandonar el gobierno venezolano. Este pronunciamiento se produjo luego de que las fuerzas militares estadounidenses desarrollaron una campaña naval en el Caribe, centrada en las costas de Venezuela, e intensificaron operaciones, incluidas acciones “en tierra”, contra grupos que, según Washington, participan en el tráfico de estupefacientes.

En respuesta a la incautación, el gobierno de Cuba también se manifestó públicamente. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró que la operación encabezada por Estados Unidos “constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país”, consigna EFE. Estas declaraciones reflejan la preocupación regional en torno al aumento de la presión militar y diplomática ejercida por Washington en el Caribe.

A la par de los operativos de incautación y las sanciones, el presidente Donald Trump afirmó en la Casa Blanca que la campaña de presión militar frente a Venezuela responde a “muchas cosas”. Al ser consultado por medios de comunicación sobre la estrategia, Trump renovó sus críticas al gobierno y al Ejército venezolanos, asegurando que ambos están involucrados en el envío de drogas hacia Estados Unidos. Añadió que las acciones militares, dirigidas a destruir embarcaciones identificadas como “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico oriental, permitieron disminuir el narcotráfico en esas rutas en un 92%. “Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien”, advirtió el presidente estadounidense, quien además sugirió la ampliación de los operativos a territorio terrestre contra organizaciones que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, participan en el tráfico de drogas.

La agencia EFE reportó que el proceso de incautación del Skipper continúa bajo supervisión legal estadounidense, con un equipo de investigación a bordo interrogando a la tripulación del barco. El caso se desarrolla en un período de altas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por sanciones económicas y operativos militares, mientras gobiernos aliados de Caracas, como Colombia y Cuba, expresan su desacuerdo con la estrategia adoptada por Washington.