El PSOE registra en el Congreso la solicitud de comparecencia de Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META

El mecanismo desarrollado por META para rastrear la actividad web de usuarios de Android en Facebook e Instagram funcionó durante casi un año sin que estos dieran su consentimiento, según una investigación conjunta de IMDEA Networks, la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Radboud. A partir de este hallazgo, el gobierno español ha intensificado el escrutinio sobre el gigante tecnológico y el PSOE ha solicitado la comparecencia de altos ejecutivos de la compañía en el Congreso. Según consignó el PSOE a través de un comunicado difundido este jueves, la formación ha solicitado la presencia del fundador y director ejecutivo de META, Mark Zuckerberg; del jefe de operaciones Javier Oliván; y del director de Asuntos Públicos de META para España y Portugal, José Luis Zimmermann, con el fin de esclarecer la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa.

El comunicado detalló que, además de los directivos de META, el grupo socialista ha pedido que expertos en protección de datos y privacidad participen en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja. El partido justificó esta solicitud en la información revelada por los citados centros europeos de investigación, que apunta a posibles vulneraciones de los derechos de los usuarios por el sistema oculto de rastreo implementado en las plataformas de META.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino sobre este asunto en el IV Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, donde anunció la apertura de una investigación para aclarar los hechos. Sánchez destacó la importancia de esclarecer lo ocurrido, depurar responsabilidades y asegurar el respeto a los derechos fundamentales. Según publicó el PSOE en su comunicado, Sánchez declaró: “El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias”.

La investigación académica referida por el grupo socialista concluyó que META aplicó un sistema no visible al usuario para seguir la navegación web de quienes utilizaban las aplicaciones en dispositivos Android. Según explicó el PSOE, el mecanismo permitía a META registrar qué páginas visitaba cada persona, independientemente de que usaran el modo incógnito o una red privada virtual (VPN), y asociar esa información detallada con sus perfiles personales en Facebook e Instagram. El comunicado agrega que “esto puede suponer un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito”, según afirmaron los socialistas.

El PSOE advirtió que, si se confirmasen estos hechos, META podría haber vulnerado varias normas europeas de protección de datos y derechos digitales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). El partido subrayó la gravedad que tendría una violación de este alcance, ya que afectaría a la privacidad de millones de usuarios en todo el continente.

De acuerdo con el comunicado recogido por el PSOE, la empresa tecnológica ya afronta litigios colectivos por hechos de características similares en otros países. Alemania, Estados Unidos y Canadá han sido escenarios de demandas judiciales contra META que abordan la recopilación masiva de datos personales sin el consentimiento informado de los usuarios, un elemento que añade presión a la compañía en el ámbito internacional.

El partido socialista apuntó que la intención de estas comparecencias es avanzar en el análisis de la posible violación de los derechos fundamentales y reforzar la protección de datos en el entorno digital. El objetivo principal, según remarcó el PSOE, consiste en exigir transparencia a META y esclarecer si las prácticas detectadas por los grupos de investigación representan un incumplimiento de la legislación europea vigente.

Finalmente, el PSOE resaltó que la comparecencia de directivos de META y especialistas en la materia ante el Congreso serviría para informar a la ciudadanía sobre el grado de cumplimiento de la normativa de privacidad por parte de la empresa, así como para reforzar las garantías que deben proteger la actividad digital de usuarios españoles y del conjunto de Europa.