El Congreso de Perú no logra la inhabilitación del expresidente Castillo y otros implicados en el autogolpe

Las recientes condenas judiciales por rebelión dictadas contra el expresidente peruano Pedro Castillo, la ex primera ministra Bettsy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta han coincidido con una fallida tentativa en el Congreso para impedirles ocupar cargos estatales en el futuro. Según consignó el medio que reportó los hechos, solo 44 miembros del Congreso de Perú votaron a favor de la propuesta para inhabilitar durante diez años a los tres exfuncionarios, lejos de los 68 apoyos requeridos para su aprobación. Otras 31 personas legisladoras se pronunciaron en contra y tres se abstuvieron, una tendencia que se mantuvo casi idéntica en los casos individuales de cada implicado, agregó la fuente informativa.

Tal como publicó el medio, la propuesta legislativa apareció tras el pronunciamiento de sentencias judiciales que condenaron tanto a Castillo como a Chávez y Huerta a once años y cinco meses de prisión por cargos de rebelión relacionados con el fallido intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La acusación formal en el Congreso se basó en la presunta vulneración de cerca de veinte artículos de la Constitución peruana en el transcurso de esos acontecimientos, donde Castillo anunció la disolución del órgano legislativo y la instauración de un gobierno de excepción, junto con la intención de realizar una nueva Constitución.

El medio detalló que la sesión parlamentaria contó con la intervención de Pedro Castillo desde la prisión de Barbadillo, donde cumple su condena. Durante su participación remota, Castillo rechazó las acusaciones y defendió sus acciones argumentando que actuó en beneficio del “Perú profundo”. “El pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron. Me están juzgando por defender el Perú profundo”, sostuvo el exmandatario ante el Congreso, según recogió el reporte periodístico. También afirmó: “Podrán inhabilitarme, pero no podrán inhabilitar la voluntad del pueblo”.

La cobertura especificó que, pese al resultado de la votación parlamentaria, Castillo ya se encontraba inhabilitado por dos años como consecuencia de su reciente sentencia penal, lo que impide su postulación a cargos oficiales durante ese plazo. En el caso de Bettsy Chávez, la situación suma un elemento diplomático: permanece dentro de la Embajada de México en Lima bajo protección de ese país, a la espera de un salvoconducto que le permita salir rumbo a México, donde se encuentra la familia de Castillo desde el inicio de la crisis política en diciembre de 2022. La entrega del salvoconducto está supeditada a procesos diplomáticos aún sin resolución concluyente, de acuerdo con el mismo medio, y mantiene su futuro inmediato en un estado de indefinición legal y política.

Por su parte, Willy Huerta enfrenta una coyuntura judicial diferente. Según informó el medio, aunque ha sido condenado a prisión en primera instancia, continúa en libertad mientras la sentencia aguarda la ratificación o eventual modificación por parte de la instancia superior correspondiente. La confirmación o revisión de su condena dependerá de la decisión que emitan los magistrados que analizan el caso en segunda instancia, lo que implica que su estatus legal podría variar en función del desarrollo del proceso judicial.

El medio explicó que el debate congresal se centró en discutir la imposibilidad de los tres exfuncionarios para ejercer funciones estatales durante los próximos diez años, un castigo adicional a las restricciones ya impuestas por las condenas penales. La medida propuesta buscaba añadir una sanción administrativa que reforzara la separación de los implicados del aparato estatal tras el episodio del intento de autogolpe, calificado por los legisladores promotores de la iniciativa como una transgresión múltiple de la Constitución.

Las deliberaciones políticas y judiciales alrededor de Castillo, Chávez y Huerta reflejan la complejidad institucional y diplomática que rodea a quienes participaron en el intento de disolución del Congreso. El informe periodístico subrayó cómo la protección diplomática brindada por México a Bettsy Chávez ilustra el enredo legal y político que afecta tanto a los protagonistas directos de los hechos como a terceros involucrados, como la familia del exmandatario.

El episodio del 7 de diciembre de 2022, en que se pretendió instaurar un régimen de excepción, generó repercusiones judiciales y parlamentarias de amplio alcance, abriendo investigaciones por presunta rebelión y violaciones constitucionales. Según consignó la fuente, los congresistas que promovieron la inhabilitación defendieron la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes hayan intentado vulnerar el orden constitucional mediante acciones consideradas ilegales, mientras que el resultado de la votación refleja la falta de consenso y las divisiones políticas existentes respecto a este tipo de castigos complementarios a los procesos penales ordinarios.

La cobertura periodística también resaltó que la situación de los tres ex altos funcionarios continúa marcada por la incertidumbre respecto a una posible reincorporación al servicio público, tanto por los obstáculos legales que imponen las sentencias firmes como por la ausencia de una decisión parlamentaria que refuerce su exclusión. Las decisiones adicionales sobre su estatus dependerán, en cada caso, de futuros pronunciamientos judiciales y acuerdos diplomáticos pendientes.