
El informe legal elaborado por el Banco Central Europeo (BCE) sostiene que una eventual modificación en la titularidad sobre el oro resguardado por el Banco de Italia podría afectar el principio de independencia de la institución. La propuesta del Gobierno italiano, actualmente bajo la coalición encabezada por el partido Fratelli d'Italia, busca definir estos recursos, valorados en aproximadamente 285.000 millones de euros, como "propiedad del pueblo italiano". Según reportó el BCE, la inclusión de esta cláusula en los presupuestos estatales podría contravenir las normas que garantizan la autonomía de la autoridad monetaria.
De acuerdo con el documento difundido por el BCE, la institución recomienda a las autoridades italianas que reconsideren el proyecto de ley que declara el oro del Banco de Italia como patrimonio nacional para asegurar que la independencia financiera y operativa del banco central no resulte comprometida. El organismo presidido por Christine Lagarde subraya que la labor del Banco de Italia depende de disponer de reservas suficientes que permitan desempeñar sus funciones sin injerencias externas. El partido Fratelli d’Italia, socio mayoritario en el actual gobierno de coalición, ha defendido que el objetivo de la iniciativa radica en aclarar la situación jurídica y la titularidad de las reservas en manos del banco central.
Según detalló el medio, el informe del BCE señala que el borrador del gobierno no ha ofrecido justificaciones suficientes sobre la necesidad de esta medida. Además, el texto resalta que Roma no mantuvo consultas con el Banco de Italia para verificar la compatibilidad de la propuesta con la legislación europea y los tratados que rigen el sistema monetario.
El BCE precisa, en su análisis, que los tratados comunitarios únicamente regulan la custodia y gestión de las reservas del banco central, sin especificar la cuestión de la titularidad. La institución destaca que solo los beneficios derivados de la operativa normal del oro pueden transferirse al Estado italiano bajo el marco regulatorio vigente, y que cualquier alteración en este esquema crearía riesgos en la separación de funciones entre la política monetaria y la gestión presupuestaria estatal. El texto advierte que, en caso de formalizarse el cambio, el Estado podría emplear este recurso para fines como reducir la deuda pública o poner en marcha programas de estímulo financiero.
El BCE advierte, según publicó el medio, que la transferencia de reservas extranjeras, incluyendo el oro, para respaldar directamente las finanzas estatales supondría una violación de los Tratados Europeos. Estos instrumentos normativos prohíben expresamente la financiación directa del sector público por parte de los bancos centrales. Christine Lagarde, al frente del organismo europeo, recordó la imposibilidad de que los bancos centrales soliciten o acaten instrucciones de los gobiernos nacionales, principio destinado a preservar la autonomía institucional que requieren para cumplir su mandato.
El mismo informe recalca que cualquier acción encaminada a orientar o condicionar las decisiones del banco central desde las estructuras gubernamentales contravendría los principios legales que rigen la Unión Europea. La recomendación, dirigida al gobierno de Italia, insiste en la necesidad de mantener intacta la independencia organizativa y financiera para garantizar el correcto funcionamiento del Eurosistema y evitar interferencias en la gestión de las reservas internacionales.
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