El diputado de Izquierda Unida (IU) adscrito al grupo Sumar, Nahuel González, calificó de "desgaste ya de un nivel inconcebible" la situación actual de Juan Carlos I, señalando que cada una de sus declaraciones afecta la imagen tanto del propio exmonarca como de la institución monárquica. González manifestó que la Corona se encuentra "completamente desgastada" por la gestión y comportamiento del rey emérito. Según recogió el medio, el parlamentario expresó que Juan Carlos I debería abstenerse de continuar ofreciendo consejos, hacer pública la gestión de lo que califica de errores —a los que IU se refiere como casos de presunta corrupción— y dejar de dar "lecciones al pueblo español", mencionando la existencia de escándalos públicos relacionados con fondos opacos y gestiones calificadas de oscuras.
Las recientes críticas al rey emérito surgen tras la publicación de un vídeo en el que Juan Carlos I solicita apoyo para su hijo y actual jefe de Estado, Felipe VI. El material audiovisual ha desatado la respuesta de varias formaciones políticas que han exigido límites al papel público del exmonarca. Según informó el medio, tanto Podemos como Sumar lo tildaron de "apologeta del franquismo" y persona carente de dignidad, además de cuestionar la ética de su conducta y la falta de transparencia en sus acciones. Según proclamaron estas formaciones, la actitud de Juan Carlos I perjudica la imagen de la monarquía y acerca el debate político al horizonte republicano.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, resaltó en rueda de prensa que este vídeo sirve para demostrar que la institución monárquica "es la heredera política" del régimen franquista y que fue elegida por Francisco Franco para asegurar la continuidad de las estructuras de poder del periodo dictatorial. Según consignó el medio, Belarra sugirió que "cuanto más hable, menos apoyo va a tener su hijo", una circunstancia que, a su juicio, favorece los objetivos republicanos y los derechos y libertades en España.
El coportavoz de los 'Comunes' y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, también se pronunció sobre la aparición pública de Juan Carlos I. Pisarello reclamó en rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adopte medidas para retirar "todos los honores" actuales al emérito. Para Pisarello, la figura del exmonarca constituye un "lastre" para la institución monárquica, calificándolo de "apologeta del franquismo", "presunto corrupto" y posible defraudador fiscal, recordando que no ha sido objeto de investigación judicial debido a la "inviolabilidad" que le concedió la Constitución durante su mandato. Según reportó el medio, Pisarello afirmó que "el pueblo no merece esa indignidad ni la sombra permanente de este señor sobre sus instituciones".
La respuesta desde distintas sensibilidades políticas ha coincidido en señalar la necesidad de aumentar la transparencia y limitar la presencia pública de Juan Carlos I. Águeda Micó, diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, planteó intervenciones sobre la legitimidad del emérito para intervenir en el debate público y solicitar respaldo para Felipe VI. Según detalló el medio, Micó cuestionó cómo, tras años de actitud "corrupta y contraria a la dignidad" de quien ostenta o ha ostentado el cargo de Jefe del Estado, el rey emérito puede considerarse aún con derecho a opinar públicamente.
El debate sobre la relevancia política de la monarquía y sobre la conveniencia de la continuidad del papel público de Juan Carlos I se reavivó tras la difusión de este vídeo. Según difundió el medio, para sectores de Sumar y Podemos, el exmonarca simboliza un vínculo directo entre la situación actual y el periodo franquista, lo que refuerza el argumento republicano. Al mismo tiempo, la reiterada aparición de escándalos financieros y la falta de investigación judicial por su actuación, tal como señalaron sus críticos, contribuyen a incrementar la presión política para que el Gobierno establezca limitaciones formales a su comportamiento público.
En el trasfondo del debate, formaciones como IU reiteraron la importancia de abordar la transparencia en la gestión de Juan Carlos I, insistiendo en la denuncia de los que consideran "graves casos de presunta corrupción". Este reclamo se suma a la demanda de terminar con los privilegios y honores institucionales que aún ostenta el rey emérito. Los portavoces presentes manifestaron su oposición a que la vida pública española continúe marcada por controversias en torno al uso de fondos opacos y a la falta de supervisión en las conductas del antiguo jefe del Estado.
Las demandas de medidas concretas por parte de los líderes de las diferentes formaciones se concentran tanto en el plano simbólico como en el institucional, reflejando un consenso sobre la necesidad de marcar distancia respecto a las actuaciones de Juan Carlos I y reforzar los mecanismos de control y transparencia en las instituciones. Mientras continúan las reacciones políticas, el debate abre nuevas cuestiones acerca del futuro de la monarquía en España y del papel que desempeñará la figura del exmonarca en el ámbito público, cuya presencia sigue generando debate entre los principales partidos.
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