Suspenden provisionalmente al general y al agente de la DNI señalados por vínculos con las disidencias

Investigadores colombianos han identificado la supuesta creación de una empresa de seguridad ficticia, concebida para facilitar el movimiento de armas y personas vinculadas a un grupo armado disidente y para evadir controles estatales. La hipótesis surgió durante el análisis de computadores y evidencia electrónica incautada en una operación militar realizada en julio de 2024, según reportó Noticias RCN. Esta pieza de información sirvió de base para que la Procuraduría General de Colombia suspendiera de manera provisional por tres meses, sin posibilidad de apelación, al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, ante sospechas de contactos irregulares entre ambos funcionarios y estructuras criminales ligadas a exmiembros de las antiguas FARC, en concreto relacionados con Alexander Mendoza, conocido como ‘Calarcá’. La medida busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar posibles interferencias, tal como difundió el medio Noticias RCN.

La resolución adoptada por la Procuraduría responde a una demanda del Ministerio de Defensa, preocupado por el riesgo de que funcionarios de alto rango puedan influir en el curso de las pesquisas. Noticias RCN detalló que la suspensión se implementó el jueves y contempla la opción de ampliación más allá de los tres meses iniciales, en caso de persistencia de riesgos para la indagatoria en marcha. Además de los presuntos vínculos con disidencias armadas, la medida se fundamentó en posibles filtraciones de información reservada por parte de Mejía, quien habría transferido datos confidenciales a integrantes del grupo armado.

En el operativo militar de julio, las fuerzas de seguridad decomisaron equipo armado, dinero y dispositivos electrónicos clave para la obtención de evidencia. De acuerdo a Caracol Radio, entre los capturados figuró el propio ‘Calarcá’, aunque la Fiscalía terminó liberando a los detenidos, bajo el argumento de que ejercían funciones de gestores de paz. Este procedimiento permitió a los investigadores acceder a mensajes y documentos, los cuales forman parte del corpus probatorio de la investigación disciplinaria y penal.

Los materiales revisados por los equipos de investigación sugieren que Mejía habría tenido funciones que superan la mera logística, actuando supuestamente en la filtración de información reservada. Noticias RCN y Caracol Radio coincidieron en señalar que la versión preliminar de las pesquisas vincula a funcionarios de inteligencia con el traslado de información clave a los disidentes armados, lo que refuerza la gravedad del caso y justifica la aplicación de sanciones disciplinarias inmediatas.

Paralelamente, otra línea de investigación abrió la posibilidad de conexiones entre los funcionarios señalados y figuras políticas de alto perfil, según difundieron Noticias RCN y Caracol Radio. En comunicaciones interceptadas se atribuye a la vicepresidenta Francia Márquez un supuesto papel de facilitadora en asuntos de financiación para el Estado Mayor Central (EMC), liderado por ‘Iván Mordisco’. Además, estas conversaciones harían referencia a vínculos con la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que amplifica el impacto político del caso y ha suscitado debate público acerca de la eventual intervención de actores del ámbito político en la red bajo sospecha.

El presidente Gustavo Petro abordó estas revelaciones, cuestionando la autenticidad de los audios y conversaciones públicas, según consignó Noticias RCN. “Los chats publicados (...) se compusieron”, expresó el mandatario en la red X, al tiempo que solicitó la realización de una prueba técnica forense para certificar la procedencia y veracidad de los registros difundidos. También enfatizó que la voz atribuida a Mejía en algunas grabaciones no corresponde al agente, argumento supuestamente respaldado por análisis independientes, según subraya el medio colombiano.

Petro precisó que el general Huertas no formó parte del Ejército durante el inicio de su gobierno y que solo fue reincorporado como militar activo tres meses antes de la intervención de la Procuraduría, hecho que, desde su perspectiva, lo desalinea de las acusaciones más graves. Por añadidura, el jefe de Estado pidió explicaciones a la Fiscalía sobre el tiempo transcurrido—dieciséis meses—antes de abrir de manera formal la investigación respecto a estas conexiones y actos irregulares, detalló Noticias RCN.

El jefe de Defensa, Pedro Sánchez, declaró la disposición plena de su cartera para cumplir con todas las determinaciones de la Procuraduría y colaborar en la clarificación de los hechos. “Cumplimos y acatamos todos los fallos, la Constitución y la ley. Rechazamos y evitaremos cualquier acto ilegal dentro de las instituciones”, declaró Sánchez, según recogió Noticias RCN.

Petro señaló, según relató Noticias RCN, que había denunciado ante la Fiscalía la existencia de seis empresas de seguridad con posibles nexos con organizaciones delictivas, las cuales, en tiempos del gobierno anterior, habrían actuado bajo aparente legalidad y contado con la participación tanto de políticos como de empresarios nacionales. Este dato amplía el ángulo de la investigación hacia el posible funcionamiento de una red con conexiones en sectores diversos de la esfera pública y privada.

Caracol Radio y Noticias RCN resaltaron que la operación militar de julio permitió asegurar una cantidad significativa de pruebas físicas, incluyendo armas y documentación electrónica que hoy respalda la instrucción disciplinaria contra Huertas y Mejía. La continuidad de la investigación depende de la evaluación técnica del material confiscado y de la colaboración efectiva entre los organismos estatales llamados a esclarecer los hechos.

El debate sobre la profundidad de las filtraciones y los alcances de la posible colaboración entre agentes del Estado y organizaciones armadas disidentes continúa abierto en el país. Las declaraciones institucionales recogidas por Caracol Radio y Noticias RCN muestran una preocupación sostenida por el impacto de este caso en la seguridad interna y en la percepción pública de la integridad de las instituciones. El avance de la indagatoria de la Procuraduría está sujeto a los datos recuperados del operativo y al desarrollo de las pericias técnicas sobre los registros obtenidos.