En los últimos días, la magnitud de las protestas lideradas por la comunidad alauí en la costa siria no tiene precedentes desde la destitución de Bashar al Assad, antiguo mandatario del país y miembro de dicha minoría, quien abandonó Siria para refugiarse en Rusia al finalizar su mandato en diciembre de 2024. Según informó la agencia de noticias SANA, este nuevo escenario de movilización social se produce en un contexto de violencia sectaria que ha cobrado la vida de aproximadamente 1.500 personas, impactando especialmente a los alauíes, y poniendo de manifiesto la agudización de tensiones históricas y conflictos políticos tras el cambio de gobierno.
En una conversación telefónica sostenida con el gobernador de Latakia y altos funcionarios locales, Ahmed al Shara, presidente de transición de Siria, señaló que la región costera se configura en la actualidad como una prioridad en la agenda nacional, no solo por su relevancia geopolítica y comercial, sino también por su diversidad social y su rol de integración entre distintos sectores del país. Tal como publicó SANA, al Shara reconoció que muchos de los reclamos de la minoría alauí tienen legitimidad, aunque también identificó la existencia de intereses políticos detrás de ciertas acciones en el desarrollo del conflicto. El mandatario interino sostuvo que el Estado está dispuesto a entablar conversaciones abiertas y profundas sobre las demandas ciudadanas de esa minoría y subrayó la total apertura del gobierno para escuchar y debatir con todos los actores sociales.
Las manifestaciones de los alauíes, según detalló la agencia SANA, han girado en torno a la exigencia de mayores garantías en materia de seguridad y representación institucional, junto con la defensa contra cualquier modalidad de discriminación étnica o social. Estas demandas surgen en un marco donde la inseguridad y la violencia han convertido a Latakia y otras localidades costeras en epicentro de un conflicto que refleja tanto la persistencia de grietas históricas como las dificultades inherentes a una etapa de transición política.
En sus declaraciones divulgadas por SANA, Ahmed al Shara enfatizó que la estabilidad en la costa resulta indispensable para factores económicos y para la reconstrucción nacional, pues constituye un punto neurálgico de las vías comerciales internacionales y un puente esencial en los vínculos económicos de Siria con países vecinos. Añadió que la cohesión y el pluralismo de la sociedad costera representan una fortaleza para el proceso de recuperación, subrayando que la diversidad no debe interpretarse como fuente de confrontaciones, sino como motor para la unidad nacional.
SANA consignó que la interlocución entre el gobierno y los representantes locales apunta no solo a gestionar urgencias y preocupaciones inmediatas de la población alauí, sino también a diseñar una estrategia a largo plazo que contemple la implementación de reformas sociales y económicas. De acuerdo con el reporte de SANA, la intención del ejecutivo transitorio es fomentar canales de participación y respuesta efectiva, con el objetivo de evitar el aislamiento de grupos minoritarios y la reactivación de enfrentamientos políticos que puedan poner en riesgo la convivencia y la paz social.
Entre los principales retos que enfrenta el gobierno interino está la necesidad de responder a la crisis humanitaria derivada del aumento de la violencia sectaria y, al mismo tiempo, garantizar que la región costera mantenga su centralidad en la economía y la seguridad nacionales. Ahmed al Shara, según publicó SANA, remarcó que la recuperación de la estabilidad en la zona tiene impacto directo sobre la reconstrucción global del país y sobre la consolidación de acuerdos de cooperación exterior, factores considerados prioritarios en la etapa actual de Siria.
El reconocimiento público de la legitimidad de ciertas aspiraciones de la comunidad alauí y la apertura al diálogo directo con líderes locales marcan una ruptura respecto a anteriores gestiones, consolidando un enfoque orientado a la negociación y la inclusión social. SANA detalló que el Estado mantiene la disposición de avanzar en la definición de reformas y nuevos mecanismos de representación para responder a las inquietudes ciudadanas, reforzando la convicción de que el entendimiento y el consenso deben prevalecer frente a la intensificación de tensiones derivadas de la coyuntura política y social.
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