La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprueba inhabilitar 10 años a Castillo por su autogolpe en 2022

A pesar de que anteriormente el Pleno del Congreso peruano rechazó una medida similar que buscaba inhabilitar a la ex primera ministra Betssy Chávez, la situación política de Pedro Castillo sigue un rumbo distinto. El desarrollo paralelo de los procesos político y penal coloca al exmandatario en una posición en la que su futuro depende tanto del Congreso como del Poder Judicial, de acuerdo con lo consignado por La República. La votación que realizó la Comisión Permanente generó el informe que recomienda impedir a Castillo ejercer cargos públicos durante diez años, una propuesta que ahora deberá evaluar el Pleno del Congreso en una fecha aún por definirse, lo que introduce un calendario decisivo para las próximas semanas en el devenir institucional peruano.

Según información publicada por La República, la Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú aprobó con trece votos a favor y seis en contra la recomendación de una inhabilitación política de diez años para Pedro Castillo. El dictamen sostiene que Castillo transgredió más de veinte artículos de la Constitución durante la crisis de diciembre de 2022, periodo en el cual intentó disolver el Congreso y poner en marcha un gobierno de excepción. Estos hechos llevaron a su destitución inmediata. El informe señala también que Castillo buscó reorganizar organismos clave del sistema democrático, incluyendo intentos para modificar el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, lo cual representaría una alteración de los equilibrios de poder constitucional establecidos en la Carta Magna peruana.

La presentación de esta recomendación se produce mientras la Fiscalía ha solicitado una sanción penal de 34 años de prisión para el expresidente, a quien acusa de delitos como rebelión, conspiración, abuso de autoridad y alteración del orden público, detalló La República. La acusación penal se basa en los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso por cadena nacional y propuso reestructurar varias instituciones—acciones consideradas por el Ministerio Público como una “grave perturbación de la tranquilidad pública” y que integrarían un acto de violencia contra el marco institucional peruano.

El futuro inmediato de Castillo queda ahora en manos de dos instancias: la decisión política del Pleno del Congreso sobre la inhabilitación, y la resolución judicial sobre el proceso penal, ambos anticipándose a fines de noviembre, según precisa La República. La causa judicial tiene una fecha clave el jueves 27 de ese mes, cuando se espera que el Poder Judicial se pronuncie respecto a los cargos por los que la Fiscalía lo responsabiliza.

El informe aprobado por la Comisión Permanente sirve de filtro previo para la deliberación plenaria. Si el Congreso acepta la propuesta, Castillo se vería impedido de ejercer empleo, cargo o función pública durante diez años, una sanción que representa el periodo máximo que la Comisión puede sugerir, según lo detallado por La República. El documento también advierte que el intento de Castillo por alterar la estructura institucional excedió la mera reorganización y constituyó, según el análisis parlamentario, una amenaza directa a la separación de poderes.

Mientras tanto, la prisión preventiva que rige sobre Pedro Castillo permanece vigente, en tanto se desarrollan tanto el proceso penal como la discusión política en el Congreso. Los dos procedimientos avanzan de manera simultánea y con resultados interdependientes, lo que no es común en la historia reciente del país, de acuerdo con el análisis proporcionado por La República.

En cuanto al contexto y los antecedentes, la diferencia entre el tratamiento dado al caso de la ex primera ministra Betssy Chávez y el de Castillo destaca un matiz relevante en la gestión de responsabilidades de altos funcionarios tras los eventos de diciembre de 2022, según reportó La República. Mientras Chávez hasta ahora ha evitado la inhabilitación, el proceso contra Castillo avanza con más firmeza en ambas vías, judicial y parlamentaria.

De acuerdo con la información de La República, la decisión final tendrá impacto en la carrera de Pedro Castillo y en la posibilidad de regreso a la vida pública, así como en la interpretación institucional de los hechos ocurridos a finales de 2022. El seguimiento del caso se mantiene en la agenda nacional, con la expectativa de que Congreso y Poder Judicial concluyan próximamente los dos procesos pendientes. La eventual coincidencia entre ambas resoluciones—penal y legislativa—marcará un precedente en la historia política peruana reciente.