
La propuesta formal para que Teresa Peramato Martín asuma la jefatura de la Fiscalía General del Estado se produce poco después de la dimisión de Álvaro García Ortiz, quien dejó el cargo tras la condena dictada por el Tribunal Supremo. Así lo aseguraron la Cadena Ser y Europa Press, que confirmaron que el Gobierno planea presentar este martes la candidatura de Peramato al Consejo de Ministros, en un proceso que todavía requiere pasos formales ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Congreso de los Diputados.
Teresa Peramato Martín ha ejercido como fiscal durante 35 años y en la actualidad se desempeña como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Según la información difundida por Cadena Ser y confirmada por Europa Press, Peramato cuenta con un reconocimiento unánime entre los operadores jurídicos, respaldado por su experiencia en la defensa de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Ocupa también el puesto de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, lo que la ha posicionado activamente en el ámbito de la protección de los derechos y la especialización judicial contra la violencia de género.
La propuesta del Gobierno llega tras la renuncia de García Ortiz, quien sufrió una condena a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. El Tribunal Supremo lo responsabilizó por la difusión de información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. A raíz de esta situación, la necesidad de designar un relevo en la Fiscalía General se convirtió en una prioridad del Ejecutivo.
El desarrollo del proceso de nombramiento comprende distintas fases. En primer lugar, el Consejo de Ministros debe aprobar la propuesta. Luego, el CGPJ emitirá un informe no vinculante sobre la candidatura, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por Europa Press. Posteriormente, Teresa Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, lo que forma parte del mecanismo de control democrático establecido para la designación de la figura de fiscal general.
La trayectoria profesional de Teresa Peramato incluye una labor continuada en la lucha institucional contra la violencia de género, habiéndose destacado por impulsar la especialización judicial en este ámbito. Su cargo como fiscal delegada ha permitido fortalecer la protección procesal de las víctimas, uno de los grandes retos del servicio público de Justicia en los últimos años.
La propuesta de Peramato para ocupar la jefatura del Ministerio Público también representa una decisión que podría influir en la orientación de la labor fiscal durante la próxima etapa, en particular en lo relativo a la persecución de la violencia de género y la protección de quienes sufren delitos graves. Algunos perfiles técnicos y jurídicos consultados por medios como Europa Press subrayan la relevancia de contar con una fiscal de carrera con un amplio consenso y experiencia en cuestiones penales y de protección de víctimas.
La renuncia forzada de García Ortiz y la propuesta de Teresa Peramato también ponen de relieve los procedimientos institucionales y legales para asegurar la independencia y el buen funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. El control parlamentario a través de la Comisión de Justicia y el informe del CGPJ buscan contribuir a la transparencia y a la legitimidad de la designación, según detalló Europa Press.
Según la información recogida, el último paso para la llegada de Peramato a la Fiscalía General del Estado será el acuerdo final del Gobierno tras superar los trámites judiciales y legislativos previstos, en un contexto especialmente marcado por el interés público y las repercusiones de la condena que apartó a García Ortiz del puesto. De acuerdo con lo publicado, se espera que la tramitación avance conforme a los plazos habituales en este tipo de nombramientos institucionales.