
Durante los 52 días que Amparo Carvajal, activista de 86 años, permaneció en la azotea del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) como forma de protesta, el funcionamiento de la institución se paralizó completamente y el acceso tanto a sus oficinas como a archivos clave quedó interrumpido. Según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI), la devolución formal de la sede marcó el final de este largo periodo de conflicto y abrió la puerta a la reactivación de labores de apoyo y defensa de derechos humanos en Bolivia, después de más de un año.
Desde junio de 2023, la sede de la APDHB estuvo bajo control de un grupo de aproximadamente cincuenta personas encabezadas por Édgar Salazar, vinculado al Movimiento al Socialismo (MAS), de acuerdo con la ABI. La ocupación impidió a Carvajal y su equipo desarrollar el trabajo habitual en defensa de las víctimas de violaciones de derechos, gestionando denuncias y prestando asistencia legal. El retorno del acceso al inmueble estuvo encabezado por el presidente Rodrigo Paz, rodeado por su gabinete, autoridades y representantes de organizaciones civiles, otorgando un alto valor institucional al acto.
El jefe de Estado, citado por la Agencia Boliviana de Información, subrayó que el suceso no se limitó a una restitución física sino que representó la reactivación de funciones esenciales para la APDHB y el fortalecimiento del sistema democrático boliviano. Paz aludió a la brevedad de su mandato —doce días, equivalentes a 288 horas— y lo contrapusó con más de 7.300 días en los que, según indicó, se restringieron derechos y libertades civiles bajo gestiones previas. Esta comparación buscó enfatizar el carácter simbólico y político del hecho, así como una intención de instaurar un ciclo centrado en la apertura y la autonomía institucional.
Durante el acto, la entrega de llaves formalizó la recuperación del espacio para la APDHB. Amparo Carvajal, en silla de ruedas, recibió el acceso y remarcó ante los asistentes: “Yo vuelvo a decirle que no me está entregando la casa de Amparo, que es la casa de ustedes”, recogió la ABI. Carvajal atribuyó el significado de la sede recuperada al esfuerzo colectivo de la sociedad civil y a la relación histórica de la Asamblea con familias y activistas comprometidos a lo largo de las décadas en Bolivia.
El conflicto se había traducido en la suspensión total de los servicios que la organización ofrecía, lo que incrementó los riesgos para quienes buscaban protección o denunciaban persecuciones en el contexto político y social boliviano. ABI reportó que la ocupación generó especial preocupación entre la comunidad internacional y diversas entidades, ante el destino incierto de documentos y archivos almacenados en el edificio, considerados de valor para la memoria histórica y la investigación de procesos sociales y políticos en el país. Durante el periodo de protesta, Carvajal solo pudo acceder en contadas ocasiones al edificio, como la vez en que el cónsul de España, Guillermo Gil, la acompañó brevemente por la entrada principal.
La ceremonia contó con la participación de integrantes de la sociedad civil y del gobierno. Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, puso en relieve la trayectoria de la APDHB, una institución con más de cincuenta años dedicados a auxiliar perseguidos políticos y a actuar en momentos críticos para Bolivia. En declaraciones citadas por la Agencia Boliviana de Información, Oviedo destacó la perseverancia y el compromiso de Carvajal hacia la protección de derechos fundamentales, manifestando además el propósito del gobierno de consolidar mecanismos que aseguren la transparencia y la independencia de las organizaciones defensoras de libertades civiles.
La Agencia Boliviana de Información explicó que la restitución del edificio fue posible tras la asunción de Paz, quien impulsó negociaciones que destrabaron el conflicto y posibilitaron el acuerdo definitivo para la devolución del inmueble. Las autoridades en funciones interpretaron el respaldo estatal al proceso como una vía para afianzar la institucionalidad democrática y el funcionamiento legal de los organismos independientes. Tras la entrega, la APDHB anunció que reanudará sus servicios a víctimas y la observación de condiciones de riesgo para los derechos humanos en Bolivia, funciones que habían quedado interrumpidas durante la etapa de ocupación.
Otro de los aspectos destacados por la ABI fue el compromiso del gobierno de Paz de respaldar a la APDHB y al conjunto de instituciones dedicadas a la defensa de derechos fundamentales, insistiendo en la importancia de instalaciones accesibles y autónomas para el desarrollo de la sociedad civil. Las autoridades presentes hicieron énfasis en que la vigencia de la democracia depende directamente de que estas organizaciones funcionen con garantías y bajo el respeto al marco legal correspondiente tanto en propiedad como en ejercicio institucional.
La jornada de entrega motivó manifestaciones de reconocimiento a la trayectoria de figuras como Amparo Carvajal y a la labor de la APDHB en la consolidación de espacios donde las víctimas puedan recurrir a la justicia y la protección. ABI reportó que asistentes y representantes de asociaciones destacaron el significado del evento como emblema de la recuperación de la legalidad y del acceso universal y equitativo a la justicia para la ciudadanía boliviana.
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