Una jueza bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC (EEUU)

Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional permanecen en Washington DC tras las órdenes federales dictadas desde el gobierno de Donald Trump, una cifra que refleja la magnitud de la intervención militar en la capital estadounidense. Este despliegue se produce luego de que el gobierno federal anunciara que asumiría el control de la policía local y enviaría tropas para combatir la llamada delincuencia extranjera, un movimiento que generó preocupación en sectores locales y federales sobre la legalidad y los límites constitucionales de la medida. En este contexto, la noticia central surge tras un fallo judicial que declaró que la Administración Trump actuó sin respaldo de las autoridades de la ciudad, excediendo su autoridad sobre la seguridad urbana y provocando cuestionamientos sobre el alcance del poder ejecutivo en Estados Unidos.

Según informó el diario estadounidense 'The Hill', la jueza federal Jia Cobb determinó que la Casa Blanca bajo el mando de Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital de manera ilegal, al hacerlo sin solicitud expresa de las autoridades locales. La resolución judicial establece que la operación, dirigida por el Pentágono para realizar misiones de disuasión del crimen no asociadas a funciones militares tradicionales, habría superado los límites de competencia federal e infringido el marco legal.

La jueza Jia Cobb, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden, suspendió su orden hasta el 11 de diciembre, permitiendo que el gobierno federal tenga la oportunidad de apelar la decisión, detalló el medio 'The Hill'. Este plazo abre una ventana de incertidumbre respecto al futuro del despliegue y al papel que asumirá el Ejecutivo mientras se desarrollan los recursos legales.

El fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, promovió la demanda contra el gobierno de Trump en septiembre, tras el anuncio del ejecutivo federal en agosto sobre la intención de dirigir el cuerpo policial local y recurrir a la Guardia Nacional en la capital. Según consignó 'The Hill', la argumentación de Schwalb se basó en la defensa de la autonomía distrital y los principios democráticos establecidos en la Constitución, insistiendo, además, en el riesgo que entrañaba instaurar el uso de fuerzas militares como parte de la estrategia nacional de mantenimiento del orden público.

A través de mensajes en su cuenta oficial en X, Brian Schwalb consideró el fallo judicial como "una victoria para DC, la autonomía local y la democracia estadounidense", y subrayó que “normalizar el uso de tropas militares para el mantenimiento del orden público a nivel nacional sienta un precedente peligroso”. El fiscal enfatizó: "Ningún presidente debería tener la potestad de ignorar la independencia de los estados y desplegar tropas en cualquier lugar, sin ningún control sobre su poder militar. Este abuso de poder federal no es normal ni legal”, de acuerdo con los mensajes citados por 'The Hill'.

El diario estadounidense también detalló que la demanda tiene como trasfondo la preocupación de las autoridades locales sobre el impacto de estas medidas en la gobernabilidad y la relación entre los niveles federal y local de gobierno. La intervención suscitó debates acerca de la separación de poderes y la necesidad de que los despliegues de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses cuenten con la autorización expresa de los responsables políticos locales, tal como suele establecer la ley.

Según publicó 'The Hill', la decisión de la jueza Cobb se interpreta en ámbitos jurídicos y políticos como un desafío directo a los intentos de la Casa Blanca de emplear potestades federales sin consenso de las administraciones locales, en particular en asuntos de seguridad pública dentro de la jurisdicción de la capital federal.

Por otro lado, la administración Trump y sus representantes disponen ahora de un plazo para presentar un recurso y defender la legalidad de su actuación ante instancias federales superiores, mientras la presencia de la Guardia Nacional en Washington DC permanece sin cambios hasta nueva instrucción. El desarrollo del caso continuará marcando el debate sobre los límites del poder federal y el papel de las autoridades locales en decisiones relativas a la seguridad y el orden en territorio estadounidense.