El Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que la facilitación de traslados de extranjeros por parte de empresas del sector turístico nicaragüense implica graves consecuencias para la política exterior de ese país. Según informó el medio que difundió el anunció, altos funcionarios estadounidenses revocaron visados y aplicaron sanciones a propietarios, ejecutivos y personal directivo de empresas de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos de Nicaragua, medida que responsabiliza tanto a estos actores como a las políticas migratorias del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo por el aumento de flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos.
De acuerdo con declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, recogidas en el comunicado oficial, el gobierno de Washington resolvió impedir el ingreso a territorio estadounidense de este grupo, tras identificar que brindaron “servicios para ayudar a extranjeros que pretenden inmigrar ilegalmente” a ese país. Según publicó el mismo comunicado, estas acciones forman parte de una respuesta a las políticas migratorias “permisivas” atribuidas al llamado ‘régimen’ nicaragüense, las cuales han favorecido que viajeros de distintos países utilicen Nicaragua como vía de tránsito hacia Estados Unidos.
El anuncio subraya que las restricciones afectan tanto a los propietarios como a los altos cargos de empresas turísticas, sumándose la revocación de visados actualmente vigentes a nuevas restricciones de viaje. El Departamento de Estado detalló que la intención de la medida es impedir físicamente el ingreso de estas personas al territorio estadounidense y desarticular las redes que, según sus investigaciones, operan aprovechando políticas migratorias consideradas inestables para la región.
La relación de estos individuos y empresas con flujos de migrantes se analiza en el contexto de una política migratoria nicaragüense que las autoridades estadounidenses califican de permisiva y cuya existencia, según las mismas fuentes, fomenta prácticas que desestabilizan la región centroamericana y alimentan la migración irregular hacia el norte. El medio consignó que la administración estadounidense atribuye al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la creación de un ambiente favorable a estos traslados, lo que a su juicio justifica las sanciones.
Según el comunicado reproducido por las agencias, el Departamento de Estado considera que esta decisión corresponde también a los intereses de seguridad nacional, bajo el argumento de que no tolerará actividades que atenten contra la integridad de sus fronteras ni que contribuyan al tráfico ilegal de personas. La cartera diplomática remarcó el objetivo de proteger las leyes migratorias de Estados Unidos, inscribiendo la decisión en el compromiso del país norteamericano de perseguir y sancionar a quienes obtienen beneficios económicos facilitando la inmigración irregular.
Por otro lado, el Gobierno estadounidense manifestó que se mantiene firme en su intención de “rendir cuentas” a quienes lucran con actividades ligadas a la migración irregular, desarmar las redes de tráfico de personas y resguardar el control fronterizo. El medio subrayó que este compromiso ha sido reiterado por anteriores administraciones, considerando a la migración irregular una prioridad en la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos, y recalcó que estas medidas continuarán en tanto persistan situaciones similares en la región.
El Departamento de Estado insistió en que las decisiones recientes se enmarcan en un enfoque más amplio orientado a evitar que las leyes migratorias estadounidenses sean vulneradas por individuos o redes que actúan desde el extranjero. Según reiteró Tommy Pigott en el comunicado citado, se buscará impedir cualquier intervención o acción que ponga en riesgo la estabilidad y la seguridad del país mediante la facilitación de migraciones no autorizadas.
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