Ben Gvir y Smotrich participarán en el diseño de la comisión de investigación del 7 de Octubre

La composición de la futura comisión encargada de definir el alcance de la investigación sobre el asalto del 7 de octubre de 2023 ha suscitado señalamientos por parte de la oposición y de grupos de víctimas, que cuestionan la autonomía del órgano ante la presencia en puestos clave de figuras políticas del oficialismo y de la ultraderecha. Según informó Europa Press, el Gobierno israelí ha conformado una comisión ministerial encabezada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, perteneciente al partido Likud, que en un plazo de 45 días deberá presentar propuestas sobre las funciones, plazos y estructura de la comisión de investigación que analizará el ataque perpetrado por milicias palestinas.

De acuerdo con Europa Press, entre los integrantes designados para formar parte del grupo figuran Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, así como Itamar Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional y referente del partido Poder Judío. Estos dos ministros representan a sectores ultranacionalistas, cuestiones que han multiplicado las preocupaciones sobre la orientación política del proceso de investigación y sobre el equilibrio institucional de la comisión. La selección de estos dirigentes ha sido confirmada por Yossi Fuchs, secretario del Gabinete, quien también detalló que el grupo incluye a Zeev Elkin, ministro de Hacienda y miembro de Nueva Esperanza; Avi Dichter, titular de Agricultura y también del Likud; Gila Gamliel, ministra de Ciencia y Tecnología por el Likud; Orit Strock, ministra para los Asentamientos y Misiones Nacionales por Sionismo Religioso; Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio por Poder Judío; y Amichai Chikli, ministro para la Diáspora, también por Likud.

El medio Europa Press detalló que el mandato de esta comisión se centrará en proponer cómo debe formarse y operar el organismo que investigará los hechos previos, concurrentes y posteriores al asalto del 7 de octubre. Al cabo de 45 días, el equipo entregará sus observaciones al Gobierno, que tomará la decisión definitiva sobre las facultades otorgadas a la futura instancia investigadora, su composición y el tiempo que tendrá para llevar adelante su tarea.

Diversos sectores israelíes han expresado inquietud respecto al modo en que se eligieron los integrantes de esta comisión ministerial. Según publicó Europa Press, tanto representantes de la oposición como colectivos de víctimas sostienen que la dependencia orgánica de la comisión respecto al propio ejecutivo al que se pretende investigar plantea un conflicto de interés. Afirman que esto podría dificultar un análisis desapasionado de los fallos y responsabilidades que desembocaron en el ataque del 7 de octubre.

El ataque en cuestión, ejecutado por milicias palestinas, provocó un impacto político y social considerable en Israel, desatando fuertes debates internos sobre la preparación y respuesta de las autoridades. Ahora, el proceso que determinará la naturaleza de la investigación institucional sobre estos hechos queda en manos de un grupo que, según los críticos recogidos por Europa Press, no garantiza independencia respecto al Ejecutivo que también está bajo examen.

Entre los argumentos planteados por la oposición y las asociaciones de víctimas, destaca la preocupación de que la investigación no reúna las condiciones necesarias para ser transparente y exhaustiva, dadas las fuertes posiciones políticas de algunos de los ministros seleccionados y su pertenencia a partidos con intereses comprometidos en la gestión del Gobierno. Europa Press informó que estos reclamos apuntan a que la comisión debería contar con mayores garantías de imparcialidad para poder esclarecer las circunstancias que permitieron el ataque y la actuación de las distintas áreas del Gobierno antes, durante y después de los hechos.

La conformación y trabajos de esta comisión se producen en un contexto de debate público en Israel sobre la rendición de cuentas política tras el asalto del 7 de octubre y sobre la responsabilidad de los distintos actores estatales. El equilibrio entre las demandas de investigación independiente y la prevalencia de referentes políticos de la propia coalición gobernante en el diseño del proceso se ha transformado en un tema de disputa entre oficialismo, oposición y sectores de la sociedad civil. Europa Press consignó que se espera que, una vez transcurrido el plazo de los 45 días, el Gobierno adopte decisiones sobre los lineamientos finales de la comisión de investigación, lo que podría reavivar la polémica en torno a su legitimidad y autonomía.