La ministra de Igualdad, increpada por una activista por las pulseras antimaltrato y le acusa de "cómplice de asesinos"

Durante su intervención ante los medios a las puertas de la Facultad de Derecho de Granada y previo a la clausura del VIII Congreso Internacional Género y Derecho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfrentó un momento de tensión cuando María Martín Romero, presidenta de la Asociación La Volaera contra la violencia machista, la acusó directamente de “cómplice de los asesinos y de los maltratadores”. Esta confrontación se produjo en el contexto de recientes fallos atribuidos al sistema de pulseras antimaltrato y la gestión gubernamental de los dispositivos de protección para víctimas de violencia de género.

Según informó el medio, Martín Romero interrumpió el encuentro con la prensa para manifestar su descontento con la administración, particularmente en relación con los problemas detectados en el sistema Cometa. La representante de La Volaera aseguró que “esto no es feminismo”, refiriéndose al modo en que el Gobierno ha abordado los incidentes registrados con las pulseras de protección. Además, afirmó que varias mujeres usuarias de estos dispositivos se encontraban en “situación de pánico” y que, según agentes policiales, “no se había producido el protocolo” correspondiente cuando se detectaron las irregularidades.

En respuesta, la ministra Redondo negó que se estuviera proporcionando información veraz sobre las acciones emprendidas y defendió el enfoque adoptado por el Gobierno, señalando: “Esto es protección de las víctimas”. Redondo resaltó que tanto su ministerio como las empresas encargadas de los dispositivos han mantenido contacto directo con las víctimas para abordar las incidencias tecnológicas, reiterando la disposición del Gobierno a escuchar y dialogar con la ciudadanía sobre estos temas.

Durante el intercambio, la ministra de Igualdad estuvo acompañada por Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, y José Antonio Montilla, subdelegado del Ejecutivo en Granada. El medio detalló que Redondo hizo especial énfasis en que, pese al aumento evidente de críticas y a la preocupación expresada por los familiares de las víctimas mortales recientes en Andalucía, los dispositivos han demostrado eficacia; en tanto, de las once víctimas registradas en la comunidad andaluza en lo que va del año, “ninguna llevaba pulsera” ya que, según su explicación, “el dispositivo funciona”.

El medio consignó que la expectación fue notable entre los asistentes y transeúntes de la céntrica Plaza de la Universidad de Granada, donde se desarrollaba la comparecencia, ya que el cruce se produjo en un contexto marcado por el debate social sobre la efectividad de las políticas contra la violencia de género. Redondo insistió en la importancia de mantener el diálogo con la sociedad y defender la utilidad de las tecnologías de protección, aun en el contexto de lo que calificó una “ola reaccionaria” y el aumento de “negacionismo incluso de la violencia de género”.

Por parte de la Asociación La Volaera, la crítica no se limitó al día del acto. Según explicó el medio, a finales del año anterior, previo al 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres—, la organización desplegó 82 lápidas simbólicas en la Plaza del Carmen, en el corazón de Granada. Esta acción buscó recordar los nombres de mujeres y menores asesinadas por la violencia machista y fue acompañada por reclamos de familiares que solicitaron medidas para frenar el aumento de víctimas.

La historia de La Volaera, citada por el medio, muestra que la organización mantiene desde hace años una postura independiente frente a las administraciones, centrando su trabajo en visibilizar la situación de las víctimas y exigir respuestas contundentes a todos los niveles institucionales. Este rol crítico se ha hecho más evidente en el contexto de las recientes incidencias técnicas, que han provocado una ola de indignación y preocupación entre usuarias de los dispositivos de protección, sus familias y asociaciones feministas.

De acuerdo con la información publicada, el intercambio entre la activista y la ministra se convirtió en el reflejo de un debate más amplio sobre el funcionamiento y fiabilidad de los sistemas de protección tecnológica para mujeres en situación de riesgo. La presión social ejercida por colectivos como La Volaera se suma a la exigencia de transparencia institucional y reparación de posibles fallas, poniendo sobre la mesa el desafío permanente que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad de las personas amenazadas por la violencia de género.