El procedimiento del colegio concertado donde estudiaba Sandra Peña no contempló el protocolo de acoso escolar pese a que la familia de la estudiante denunció la situación ante las autoridades, según consignó la Junta de Andalucía. Tras el fallecimiento de Sandra Peña, la Administración regional explora la posibilidad de retirar la financiación pública al centro educativo y el caso se encuentra también en análisis por parte de la Fiscalía, que estudia posibles responsabilidades penales, detalló el medio.
Ante este panorama, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, declaró en el Parlamento que la institución que lidera está dispuesta a “revisar todo lo que sea necesario” en el sistema educativo, según publicó la fuente. Castillo intervino en una sesión parlamentaria centrada en el debate sobre las estrategias frente al acoso escolar, donde representantes del PP, PSOE, Por Andalucía y Vox abordaron el asunto luego de la repercusión del suicidio de la joven sevillana. El medio reportó que la consejera sostuvo que la prevención y la convivencia pacífica deben constituir las bases de cualquier enfoque para atajar este tipo de situaciones.
El medio detalló que la sesión parlamentaria se celebró después de que estudiantes andaluces realizaron una jornada de huelga este martes 28 de octubre, en señal de solidaridad tras el caso, una acción que María del Carmen Castillo calificó como una muestra de responsabilidad. Según informó la fuente, la titular de Educación defendió que los colegios aplican los protocolos vigentes cuando detectan casos de acoso escolar, y afirmó que un centro educativo es “el lugar donde un niño está más seguro” en estos contextos. “El colegio es un faro”, indicó Castillo, quien puso especial énfasis en la naturaleza del acoso fuera del entorno físico de las escuelas, particularmente en los casos vinculados al ciberacoso, que asoció al uso de nuevas tecnologías por parte de menores de 13 a 15 años.
Durante la sesión, Castillo anunció que desde su cartera se desarrollan medidas para reforzar la prevención, como la implementación de un itinerario formativo socio-emocional dirigido a los alumnos desde Infantil y Primaria hasta la Educación Secundaria Obligatoria. Este plan busca que los estudiantes adquieran herramientas para la aceptación y gestión de las emociones, contribuyendo así al fomento de entornos escolares más pacíficos.
En el debate, el grupo parlamentario del PSOE preguntó de manera directa cuántos protocolos de acoso escolar se encuentran actualmente en vigor en los colegios andaluces y cuál es el nivel de seguimiento de dichos protocolos. Además, solicitó precisión sobre si el cumplimiento de los procedimientos difiere entre los centros públicos y los concertados. Los representantes socialistas afirmaron que en el caso de Sandra Peña no funcionaron los mecanismos previstos y calificaron esta situación de “imperdonable”. Plantearon la necesidad de conocer si existirán consecuencias para el centro, publicó el medio.
Por Andalucía, otro de los grupos de la oposición, instó a que la tramitación de los protocolos sea más ágil y propuso la creación de un canal de denuncias anónimo para los estudiantes. El portavoz de la formación también sugirió que una asignatura obligatoria de gestión de emociones y valores podría prevenir situaciones de acoso, sumado al diseño de un régimen sancionador específico para estos casos.
El Partido Popular, según consignó la fuente, manifestó que el caso de Sandra no puede llevar a criminalizar o poner en duda a todos los colegios y defendió la actuación general del sistema educativo andaluz. Por su parte, Vox sostuvo que la muerte de Sandra Peña no constituye un simple fallo aislado, aunque subrayó que la discusión no debe centrarse en buscar culpables, sino en revisar los protocolos y procedimientos para evitar casos similares.
Tal como informó el medio, la discusión sobre el acoso escolar en Andalucía alcanzó una nueva intensidad a raíz del suicidio de Sandra Peña, mientras crecen las exigencias hacia la Administración para reforzar los controles, garantizar el cumplimiento de los protocolos y explorar nuevas herramientas educativas y disciplinarias. El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía, al tiempo que la Junta estudia posibles sanciones para el centro concertado. En el contexto parlamentario, la consejera María del Carmen Castillo reiteró el compromiso de la Junta de Andalucía de evaluar y ajustar los procedimientos actuales, con la finalidad de fortalecer la protección de los menores en el sistema educativo.
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