Las regiones del este y el noreste de República Democrática del Congo continúan atravesando una situación crítica de seguridad tanto en la provincia de Ituri como en la vecina región de Kivu; la primera por la actuación de numerosos grupos armados y la segunda por las escaramuzas constantes entre los guerrilleros del Movimiento 23 de Marzo contra el Gobierno congoleño y fuerzas aliadas.
La sociedad civil de Ituri ha denunciado que, entre el 15 de agosto y el 16 de octubre han muerto al menos 45 civiles, siete han resultado heridos y 604 viviendas han sido arrasados en medio de una situación particularmente "catastrófica" en los territorios de Djugu e Irumu.
Ambos lugares son zonas de actuación de grupos como la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO), las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) o, especialmente de un tiempo a esta parte, la Convención para la Revolución Popular (CRP) liderada por Thomas Lubanga.
En comentarios a la emisora de Naciones Unidas en el país, Radio Okapi, portavoces de la sociedad civil denuncian "una espiral de violencia" que ha vuelto a dejar a la provincia al borde del abismo humanitario.
En Kivu, el Movimiento 23 de Marzo ha vuelto a acusar este pasado sábado al Gobierno congoleño de violar una vez más los protocolos de alto el fuego con bombardeos "sobre las zonas densamente pobladas de Mpeti, Buhaya y sus alrededores", que han dejado "varios civiles muertos".
El portavoz del brazo político del M23, Lawrence Kanyuka ha denunciado en nombre de la Alianza del Río Congo que la organización "se mantiene del lado de la población civil y reitera su compromiso de protegerla por todos los medios contra estas repetidas masacres".
Las autoridades congoleñas no se han pronunciado al respecto.
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