El Parlamento encarga al Tribunal de Cuentas fiscalizar el gasto público en inmigración "ilegal", con apoyo de PP

La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes 7 de octubre una solicitud de Vox por el que insta al organismo a realizar un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración "ilegal" y a los menores migrantes no acompañados. En concreto, la iniciativa de los de Santiago Abascal ha contado con 20 votos a favor (PP y Vox), 15 en contra (PSOE y socios) y ninguna abstención.

En defensa de la iniciativa, Juan José Aizcorbe, de Vox, ha señalado que "ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal que se jalea con regularizaciones masivas". "Ya no bastan los silencios ni las medias verdades. La verdad, si no es toda, ya lo sabemos, se convierte en mentira. Y los españoles merecen la verdad de saber el coste de la inmigración ilegal", ha expuesto.

En este sentido, Aizcorbe ha denunciado que no exista un dato global de lo que cuesta la inmigración y que "nadie" se atreva a dar cifras. "La entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito, todas dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa", ha apuntado.

También ha negado que la inmigración "pague" las pensiones. "Una falsa consigna para quienes prefieren no mirar las cifras y huir de la verdad", ha afirmado para añadir de que se trata de un "discurso vacío" que "genera confusión y no dignifica la inmigración", sino que "la degrada".

En el grupo de portavoces, el socialista Pedro Manuel Martín ha asegurado que hay un "control exhaustivo" sobre las ayudas y subvenciones que están vinculadas a cualquier tipo de colaboración a la inmigración. Por ello, ha indicado que "no es preciso" recabar ningún informe adicional de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

"Por lo tanto, esto no es más que una nueva vuelta de tuerca de Vox para hablar de que la ayuda humanitaria que pone en marcha el gobierno no sirve sino para retirar dinero de los fondos de los españoles para dárselo a los que vienen de fuera", ha subrayado.

Mientras, por parte del PP, María Pilar Alía, ha apoyado la iniciativa de Vox pero ha añadido que su formación defiende una política migratoria "ordenada, legal y mutuamente beneficiosa", también "bien gestionada y eficaz".

PP: "ENTENDEMOS QUE NO HAY NADA QUE OCULTAR"

"No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia, porque además entendemos que no hay nada que ocultar", ha destacado.

Finalmente, el Grupo Izquierda Confederal ha tachado la solicitud de Vox de "repugnante" por "el retorcimiento racista de lo que ellos llaman inmigración ilegal". "Nadie es ilegal por migrar. Se puede estar en situación administrativa irregular, pero les repito, nadie es ilegal por buscar un futuro mejor para sí mismo o su familia. Ser pobre no es un delito", ha agregado.

Además, ha instado a Vox a desarrollar "la empatía y la humanidad necesaria para escuchar y apoyar" a migrantes que no han cometido delitos. En cuanto al PP, le ha pedido que "no entre en el juego demagogo y racista" de la petición.

A principios del pasado mes de septiembre el partido que preside Santiago Abascal registró dos propuestas de fiscalización para su debate en esta comisión mixta, en la que el PP y Vox suman mayoría absoluta.

Sin embargo en la sesión de este martes sólo se ha incluido la fiscalización relativa al gasto que genera en todas las administraciones la "inmigración ilegal", pero no la relativa a la "gestión de los menores extranjeros no acompañados", que era el otro informe que Vox planteó encargar al órgano que preside Enriqueta Chicano.

Cuando anunciaron estas iniciativas, desde Vox, subrayaron que su objetivo es que "los españoles conozcan el coste de la inmigración ilegal que tanto el PP como el PSOE intentan ocultar con opacidad administrativa, al no responder a los numerosos requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones".

Vox registró estas dos propuestas de fiscalización después de que Abascal asegurara en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que a los españoles les cuesta más "mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar a un anciano español en una residencia".