El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática considera el reciente fallo del Tribunal Supremo, que establece que los algoritmos públicos deben ser transparentes, como "un hito", que "marca un antes y un después" en la relación entre la ciudadanía, la tecnología y la Administración.
Según el Consejo, los algoritmos forman parte ya de los procesos de decisión que "afectan directamente a derechos fundamentales de las personas", desde la concesión de un bono social hasta, en otros casos, la protección frente a la violencia de género, por lo que esta sentencia no se trata de "una cuestión técnica menor".
Su importancia no radica solo en su resultado, sino también "en su propio proceso", la celebración de la vista oral que, como ha señalado el Consejo, "da cuenta de su trascendencia", en un ámbito en el que la gran mayoría de casos se resuelven por escrito.
En el centro de la decisión se encuentra BOSCO, el algoritmo que determina qué hogares pueden acceder al bono social de la luz, un ejemplo "concreto y claro" de cómo la informática incide en el interés general y los derechos fundamentales.
Los ingenieros informáticos llevan años advirtiendo de que la tecnología "no es neutral", por lo que quienes la diseñan y desarrollan deben hacerlo "con las máximas garantías de conocimiento, responsabilidad y ética profesional", y reclaman la necesidad de regular la profesión, con una trascendencia creciente en la sociedad.
El Consejo cita, para ejemplificar la importancia de esta ingeniería, el fallo informático en las pulseras de control de maltratadores que ha derivado en la absolución de decenas de agresores. Según el Consejo, estos fallos ocultan, en ocasiones, "falta de profesionalidad" en el diseño y gestión de los productos y servicios informáticos y evidencian que, detrás de cada línea de código y cada sistema tecnológico, "hay vidas reales que dependen de su correcto funcionamiento".
La transparencia, la calidad, la responsabilidad y la excelencia profesional en el desarrollo de los algoritmos públicos "no son opcionales", sino que, de acuerdo con el Consejo, son "una obligación democrática".
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