Nigeria levanta tras seis meses el estado de emergencia en el sur del país

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, especificó que los responsables del gobierno y el poder legislativo en el estado de Rivers, incluyendo al gobernador Siminalayi Fubara, la vicegobernadora Ngozi Nma Odu, y los integrantes del Parlamento Estatal, podrán retomar sus funciones a partir del 18 de septiembre de 2025, al quedar sin efecto el estado de emergencia. Esta decisión, según recogió el diario 'Punch', pone fin a una medida que permaneció en vigor durante seis meses, después de que una crisis política dejara sin administración funcional a esa región del sur de Nigeria.

Según informó 'Punch', Tinubu detalló en un comunicado oficial que la suspensión del gobierno en Rivers obedeció a una “parálisis total”, resultado del enfrentamiento entre dos bloques parlamentarios: uno de cuatro diputados aliados al gobernador Fubara y otro de 27 legisladores que respaldaban al presidente de la asamblea estatal, Martins Amaewhule. Esta fragmentación interna derivó en la falta de operación de la administración local y bloqueó la presentación de iniciativas fundamentales, como el proyecto de ley de asignaciones presupuestarias del estado, según explicó el mandatario.

Durante este periodo, la actividad institucional quedó completamente detenida. Tinubu afirmó que el conflicto alcanzó tal gravedad que la Corte Suprema llegó a afirmar que “no había gobierno en el estado de Rivers”. El Ejecutivo nigeriano justificó la imposición del estado de emergencia amparándose en la Sección 305 de la Constitución del país, aludiendo al riesgo de “deriva hacia la anarquía” en Rivers. El presidente subrayó: “Se volvió dolorosamente inevitable que, para detener la deriva hacia la anarquía en el estado de Rivers, me vi obligado a invocar los poderes que me confiere la Sección 305 de la Constitución de 1999”.

La crisis institucional que afectó a Rivers estuvo marcada por desafíos legales y disputas judiciales presentadas contra la proclamación presidencial. Tinubu reconoció que durante el estado de emergencia se interpusieron más de 40 demandas judiciales para impugnar la decisión. El mandatario defendió su actuación al afirmar que habría sido “un fracaso colosal de mi parte como Presidente no haber hecho esa proclamación”.

Según 'Punch', la medida que ahora se levanta permitirá la plena restitución de las funciones ejecutivas y legislativas. Los cargos de los principales líderes estatales, suspendidos desde el inicio de la crisis, quedarán restablecidos, permitiendo reanudar las operaciones del gobierno regional en todos sus niveles. El periódico también consignó que el anuncio presidencial habilita el retorno de los 27 legisladores vinculados a Amaewhule, así como de los cuatro parlamentarios alineados con el gobernador Fubara, lo que representa el primer paso para la normalización del funcionamiento administrativo tras la prolongada suspensión.

De acuerdo con el diario nigeriano, el levantamiento del estado de emergencia supone la superación de uno de los períodos más críticos en la historia reciente del estado de Rivers, marcado por el bloqueo político y la falta de consensos al interior de los poderes públicos. Durante los seis meses de intervención, se detuvieron proyectos clave y la gestión gubernamental permaneció en un punto muerto, reforzando la urgencia de encontrar una solución que permitiera restablecer las instituciones locales.

El medio también destacó que la decisión anunciada se enmarca en un contexto de exigencia de respeto a la legalidad por parte de diversas instancias judiciales y de presión social para que se restaurara la actividad democrática en Rivers. El propio Tinubu refirió que la intervención federal evitó que se acentuaran aún más los problemas de gobernabilidad regional, asegurando que solo la aplicación de lo previsto en la carta magna justificaba la suspensión temporal del autogobierno.

Finalmente, según consignó 'Punch', la restitución de las autoridades y legisladores busca abrir una nueva etapa de estabilidad política dentro de Rivers. El restablecimiento de la normalidad institucional, tras el fin del estado de emergencia, marca el regreso formal de las actividades ejecutivas y parlamentarias, que habían permanecido interrumpidas desde marzo del año en curso debido a las disputas internas que desembocaron en la intervención federal.