
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha solicitado al Ministerio del Interior la elaboración urgente de una orden ministerial o la derogación del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros.
Los hoteleros denuncian "bloqueos operativos, confusión y mayores costes administrativos "para pymes y turoperadores y solicitan diálogo urgente con Interior y Turismo.
Según Jorge Marichal, presidente de CEHAT el sector turístico español lleva "demasiado tiempo" esperando que el Ministerio de Interior atienda a sus peticiones y escuche a los representantes europeos.
En su opinión, sería imprescindible que el Ministerio del Interior se vuelva a sentar con los representantes sectoriales "para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma".
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Desde hace varios años, CEHAT se ha opuesto a este sistema, que obliga a los establecimientos y plataformas turísticas a recopilar, custodiar y transmitir datos de los viajeros a las autoridades competentes. La confederación considera que la ley incumple la normativa europea de libre circulación y protección de datos, y señala una falta de proporcionalidad y una vulneración del principio de minimización de datos.
La patronal explica que diversas asociaciones turísticas europeas, como HOTREC, ECTAA, EFCO y RuralTour, han enviado cartas a la Comisión Europea (CE) criticando que la recogida y transmisión de datos de viajeros en España no se exige en ningún otro país de la Unión Europea.
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Además asegura que los informes jurídicos han señalado "la falta de proporcionalidad y la vulneración del principio de minimización de datos". "Esto, al mismo tiempo, ha generado problemas para turoperadores, agencias de viajes y pequeñas y medianas empresas, que se ven ante el dilema de si cumplir la legislación nacional o la europea", advierte.
Los hoteleros recuerdan que el Ministerio del Interior se comprometió a elaborar la orden ministerial antes de la entrada en vigor del Real Decreto en noviembre de 2024; posteriormente hizo un compromiso público y firme de elaborarla en enero de 2025, "compromiso que no se ha cumplido".
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Por todo ello, CEHAT subraya que estos "reiterados incumplimientos por parte del Ministerio demuestran, una vez más, la inoportunidad y el error de imponer obligaciones de esta naturaleza a la principal industria del país".
"Es necesaria, con toda urgencia, la recuperación del sentido común plasmado en una norma sencilla, proporcionada, ajustada a derecho y que permita cumplir los objetivos de mantenimiento e incremento de la seguridad en España", concluyen.
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