La Sociedad Emerita Resources España ha registrado un escrito ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que celebra actualmente el juicio derivado de su denuncia por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; la reciente resolución de la Junta de Andalucía que autoriza el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración del complejo minero merced a dicha adjudicación.
En un escrito formalizado el pasado 20 de marzo y recogido por Europa Press, la citada empresa, que ejerce la acusación particular en la causa como denunciante tras haber pujado sin éxito por los derechos de explotación de la mina; pide al tribunal que tenga por presentados documentos como la reciente autorización por parte de la Junta de Andalucía del nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis; de cara a la reactivación de esta corta cerrada desde 2002 tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Al detalle, invoca que el documento de la "resolución de aprobación del proyecto de explotación minera" y del plan de restauración sobre el derecho minero registrado como Zona de Aznalcóllar alude expresamente como "promotor" a la entidad Minera Los Frailes, la sociedad de propósito creada por Grupo México y Minorbis para la gestión del proyecto; cuando "quien se presentó al concurso como licitador fue el consorcio Grupo México-Minorbis".
EL CONCURSO
Alude así al concurso internacional convocado por la Junta de Andalucía, al que concurrieron las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo.
El pasado mes de abril, recordémoslo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimaba íntegramente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Emerita Resources España contra la empresa Minera Los Frailes.
Emerita reclamaba al TSJA que declarase "contraria a Derecho la aceptación de la adjudicación efectuada por Minera Los Frailes"; pero el tribunal zanjó que "la actuación realizada por la demandada, Minera Los Frailes, adjudicataria de la concesión, no puede considerarse que prescinda absolutamente del procedimiento legalmente establecido para realizarla", o que carezca "manifiestamente de ningún posible fundamento legal, puesto que resultó ganadora del concurso para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina".
SIN "NECESIDAD DE SUSPENSIÓN"
Emerita, en cualquier caso, pide en su escrito tener por presentada esta "prueba sobrevenida", exponiendo que "estas pruebas, al ser documentales, no provocan la necesidad de suspensión o aplazamiento de las sesiones".
El juicio ha continuado este miércoles con la comparecencia como testigo de Natalia González, quien sucedió en la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía a María José Asensio Coto, acusada en el juicio junto con el entonces secretario general de la Consejería del ramo, Vicente Cecilio Fernández Guerrero; los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis.
Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.
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