
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha barajado este martes invocar la Ley de Insurrección en el caso de que la situación escale en la ciudad de los Ángeles y ha acusado a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
"Si hay una insurrección, sin duda la invocaré (...) Había ciertas zonas de Los Ángeles en las que podría haber habido una insurrección. Ha sido terrible, pero estos insurrectos han sido pagados: son alborotadores a los que han pagado", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.
El magnate ha defendido su decisión, recordando que "esperó" hasta siete días a que el gobernador de Minneapolis, Tim Walz, decidiera desplegar a la Guardia Nacional durante las violentas protestas contra la muerte de George Floyd en su primer mandato. "Me dije: si algo así vuelve a ocurrir, tenemos que tomar decisiones más rápidas", ha dicho.
Asimismo, Trump ha descrito que las imágenes televisadas en las últimas horas mostraban a manifestantes "con martillos enormes" golpeando el asfalto y "rompiendo hormigón". "Lo subían a los puentes y lo dejaban caer en el techo de un coche", ha afirmado.
"Cuando no haya peligro, se irán", ha subrayado el presidente en una rueda de prensa en la que ha aprovechado para volver a criticar al gobernador de California, Gavin Newsom, quien "ha hecho un mal trabajo" en el marco de las protestas.
Por otro lado, la directora de Human Rights Watch (HRW) en Estados Unidos, Tanya Greene, ha indicado en un comunicado que "las peligrosas acciones de Trump deben ser condenadas por los líderes estadounidenses e internacionales".
La Ley de Insurrección establece el mecanismo a seguir para poder activar el uso de esta fuerza en momentos de "rebelión". Sin embargo, Trump ha recurrido a una normativa que le permite asumir las competencias estatales para convertirlas en federales y poder así desplegar estas tropas. Para ello, ha hecho uso del conocido Título 10, que establece el funcionamiento de las fuerzas estadounidenses.
Esto le permite ponerse por delante del gobernador californiano, si bien establece tres únicos escenarios para hacer federal el papel de la Guardia Nacional: ante una invasión o un peligro de invasión, ante una posible rebelión y ante la imposibilidad de hacer cumplir la legislación mediante el uso de las fuerzas de seguridad.
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