El juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ha dictado el primer procesamiento por sustracción de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y ha remitido al Supremo una solicitud de extradición a Israel contra una de las encausadas, la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez.
Los encausados están acusados de sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad hijas de "madres niñas" de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros, según recoge el diario 'La Tercera'.
El juez ha encausado a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas, para los que ha pedido prisión preventiva, así como a Gutiérrez, quien era jueza del Juzgado de Menores de San Fernando, una localidad situada al sur de Santiago de Chile.
La petición de extradición a Israel se fundamenta en el Convenio Europeo de Extradición que entró en vigor el 1 de junio. Aguilar es residente en Israel, según un informe de la Policía De Investigaciones de Chile.
Este es primer procesamiento contra la red de robo de menores de familias de escasos recursos que operó en San Fernando para su envío al extranjero. En la misma participaban abogados, sacerdotes, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y del Poder Judicial.
"En el mes de enero de 1983, previamente concertados, y actuando por vías de hecho, Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez, se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio tribunal de la jueza Gutiérrez", explica el juez.
Además presentaron una solicitud de tuición de la niña para sacarla del país para ser adoptada por una mujer de iniciales G.J.D., aunque finalmente la madre logró con ayuda de personal de Carabineros recuperar a su hija unos días después.
Gutiérrez también autorizó siendo jueza "rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983". Esta "agrupación delictiva (...) tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario (50.000 dólares estadounidenses) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y Estados Unidos", explica el juez.
El magistrado ha desestimado una petición de prescripción porque considera que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Los hechos investigados acontecieron durante la dictadura militar que gobernó el país entre los años 1973 a 1989, en la cual se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos", ha recordado.
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