Madrid, 31 may (EFE).- La propuesta del ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de instar a Airbnb a que, de manera inmediata, retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma tuvo eco en medios internacionales como el canal de televisión CNN.
"Básicamente, se trata de un problema relacionado con el derecho a la vivienda de los españoles, por lo que buscamos un equilibrio para que cada economía sea sostenible y no afecte a los derechos de los españoles", apuntó Bustinduy durante una entrevista virtual en la cadena norteamericana que el ministerio compartió en su cuenta de Instagram.
El ministro español, que se encuentra en Reino Unido para participar en una conferencia en la Universidad de Cambridge, recordó que se han identificado más de 65.000 anuncios de alquiler que incumplían los requisitos legales de publicidad, una situación que también afecta "a los derechos de los consumidores en España".
El pasado 19 de mayo el ministerio informó que ha pedido a Airbnb que, de manera inmediata, retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron los anuncios ilegales que se detectaron en su plataforma e instó a la empresa a bloquear esta publicidad.
Airbnb recurrió en los tribunales la acción de Consumo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la iniciativa del ministerio e instó a la multinacional a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplen la legislación.
Según afirmó Bustinduy en la CNN, se trata de "una cuestión de Estado de derecho o de cumplimiento de la normativa española" y es "esencial" que cualquier actividad económica, independientemente del poder de la empresa que la ejerza, cumpla con las leyes locales y que dicha actividad económica no sea contraria a los derechos de las personas.
Sobre la apelación de Airbnb, Bustinduy explicó que en España "existe un Estado de derecho" y toda empresa tiene "derecho a apelar".
Aun así, puntualizó que, a pesar de que la sociedad se ha acostumbrado desde tiempo a la idea de que los grandes actores económicos y las multinacionales tienen el poder de establecer las leyes del mercado, "así no es como debe funcionar en una democracia", pues "las leyes no deben adaptarse a los modelos de negocio de las poderosas corporaciones".
El turismo, agregó, debe realizarse "de forma sostenible" y "respetando las regulaciones", de forma que "todos los actores económicos rindan cuentas". EFE
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