Federación LGBTI global recuerda persecución al colectivo en vísperas del Mes del Orgullo

Ginebra, 29 may (EFE).- Hasta 64 Estados miembros de la ONU aún penalizan por ley los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo, y siete de ellos contemplan la pena de muerte en estos casos, recuerda la principal federación internacional de asociaciones LGBTI en vísperas de que comience en junio el Mes del Orgullo.

Al menos 61 Estados incluyen en su ordenamiento jurídico leyes y normas que limitan la libertad de expresión por cuestiones de diversidad, y un mismo número restringen las organizaciones del colectivo, señaló en un comunicado la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).

"En los últimos doce meses múltiples problemas han azotado a los movimientos LGBTI, incluyendo la congelación de la ayuda al desarrollo y recortes de financiación, o los movimientos de extrema derecha y autoritarios que señalan a nuestras comunidades para obtener beneficios políticos", alertó la directora ejecutiva de ILGA, Julia Ehrt.

"Los logros de la última década en materia de igualdad de género, autonomía corporal, derechos de las personas LGBTI y responsabilidad gubernamental están amenazados", agregó.

En el año transcurrido desde el anterior Mes del Orgullo, se han dado no obstante avances como la legalización del matrimonio igualitario en Tailandia, la despenalización de los actos sexuales entre personas del mismo sexo en Namibia, recordó ILGA.

Hasta 37 países que han legalizado el matrimonio igualitario, 17 prohíben expresamente las llamadas "terapias de conversión" y 18 permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminacón.

ILGA citó como retrocesos del último año el hecho de que Mali penalizara esos actos sexuales consensuados, Reino Unido restringiera la definición de "mujer" para la Ley de Igualdad y Hungría enmendara su Constitución para prohibir las reuniones LGBTI, o afirmar que sólo hay dos sexos (hombre y mujer).

En Perú el Congreso Nacional aprobó una ley que establece penas de prisión para "quien exponga a los jóvenes a contenidos sobre diversidad sexual", y en Argentina se modificó la Ley Nacional de Identidad de Género mediante un decreto prohibiendo el acceso a la atención de afirmación de género a los menores de 18 años, recordó. EFE