Lima, 23 may (EFE).- Organizaciones que representan a comunidades indígenas de la selva de Perú denunciaron este viernes que existen varios focos de la minería ilegal en la Amazonía norte del país, pero que el Estado no ha tenido un accionar drástico para combatir esa actividad ilícita.
El presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, Gil Inoach Shawit, denunció en una rueda de prensa que en el territorio awajún existen cuatro focos críticos donde se realiza la minería ilegal, uno de ellos está en el sector Tambo, cerca al campamento minero Kumpanam, ubicado en la Cordillera del Cóndor, donde hay 11 excavadoras que destrozan la cabecera de la quebrada Sawientsa y afectan a más de 12.000 habitantes.
Asimismo, dijo que hay más de 40 dragas operando en el río Cenepa, así como en el río Santiago y el Marañón, por el lado de Saramiriza.
A pesar de esa situación, Inoach señaló que no ven "un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal".
También acusó al Congreso de estar "encubriendo la ilegalidad", al haber aprobado la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que aparentemente facilita la operación de los mineros ilegales.
Por su parte, la lideresa awajún Matut Impi Ismiño afirmó que "la minería en alianza con el Estado y los funcionarios favorecen la minería informal y formal dentro de nuestros territorios".
Agregó que las grandes dragas usadas por los mineros ilegales operan frente a los puestos de control sin que se intervenga.
"No es posible que la Amazonía esté esclavizada. No está bien que se la explote y esté sentenciada a vivir bajo la corrupción, la trata de personas, las violaciones a niñas y otros delitos", denunció Impi Ismiño.
Igualmente, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Jorge Pérez Rubio, señaló que, desde hace cinco años, el Gobierno ha venido allanando el camino de la minería ilegal a través de la Ley REINFO, norma que modificó la Ley forestal y otras reglamentaciones.
La ampliación de la ley REINFO ha generado controversia en el país pues diversos sectores consideran que ha incentivado la minería ilegal en varias partes del país, una actividad ilegal que ha provocado que el Gobierno declare el estado de emergencia en la provincia norteña de Pataz para que las fuerzas armadas apoyen en la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas a ella.EFE
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