El Gobierno de Estados Unidos ha acordado pagar casi cinco millones de dólares (4,45 millones de euros) a la familia de Ashli Babbitt, una simpatizante del presidente, Donald Trump, que murió por disparos de la Policía durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
El Departamento de Justicia ha aceptado de esta manera el pago millonario a la familia de Babbitt para resolver su demanda por homicidio negligente, según ha explicado, "extremadamente decepcionado" con la decisión, el jefe saliente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Tom Manger, en declaraciones a CBS News.
La muerte de Babbitt fue un punto de encuentro para los seguidores de Trump y los asaltantes del Capitolio bajo la idea de que la Policía hizo un uso innecesario de la fuerza para detener a la multitud el 6 de enero.
En la demanda civil, la defensa de Babbitt alegó que el teniente de la Policía del Capitolio Michael Byrd fue negligente en el uso de la fuerza y de su arma de fuego. La demanda también argumentaba que Byrd no llevaba uniforme y llevaba una máscara COVID cuando abrió fuego contra Babbitt, además de acusar a Byrd de no haber "desescalado".
"Ashli estaba desarmada. Sus manos estaban en alto, vacías, y a la vista del teniente Byrd y otros agentes en el vestíbulo. Ashli no suponía ninguna amenaza para la seguridad de nadie", recogía el texto.
Las imágenes del 6 de enero mostraban a Babbitt intentando trepar por una ventana destrozada mientras los asaltantes irrumpían en el vestíbulo del presidente de la Cámara de Representantes, donde se había paralizado el recuento de los votos electorales.
Babbitt, veterana de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense, era "una teórica de la conspiración armada con un arma letal y entrenamiento de combate irrumpiendo en un área segura del Capitolio y que no hizo caso a las órdenes de detenerse de las fuerzas del orden", ha afirmado en un comunicado recogido por CBS el agente del Capitolio Dan Hodges, que ha acusado a Trump de "pagar a los insurrectos para tenerlos en nómina la próxima vez que quiera influir en el curso de la historia con violencia masiva".
El día de su toma de posesión, el 20 de enero, Trump concedió un indulto general a casi 1.270 personas condenadas --unas 600 de ellas por delitos graves al agredir a policías--, ordenó la desestimación de 300 casos penales y pidió la liberación de 14 acusados en casos de sedición graves, en el marco del asalto al Capitolio que dejó cuatro muertos y 140 policías heridos tras su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden.
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