Lima, 15 may (EFE).- La Fiscalía de Perú presentó este jueves una segunda denuncia constitucional, en la jornada, contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de colusión agravada al haber concertado con un amigo para que sea contratado por el Estado cuando era ministra durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
El Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía presentó la denuncia ante el Congreso por el presunto delito de colusión agravada, en agravio del Estado peruano, contra Boluarte en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso.
La Fiscalía explicó que los hechos imputados están referidos a que Boluarte se habría aprovechado del cargo de ministra para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, a fin de que sea contratado como proveedor de servicios en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma y el programa nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, pertenecientes a esa cartera.
El hermano de la mandataria es investigado actualmente por tráfico de influencias, cohecho y por supuestamente pertenecer a una organización criminal, y en enero pasado la Justicia revocó una orden de prisión preventiva en su contra.
En tanto que el aludido programa Qali Warma fue desactivado por el Gobierno de Boluarte después de recibir una serie de quejas por intoxicación de los menores beneficiarios y por presunta corrupción en la designación de los proveedores de los alimentos.
Esta denuncia constitucional es la segunda presentada este jueves por la Fiscalía peruana, pues horas antes entregó al Congreso otra como presunta autora de los delitos de lesiones graves y leves de los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023.
A través del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el Ministerio Público presentó esta denuncia contra Boluarte, y los que fueron primeros ministros, Pedro Miguel Angulo, y Luis Alberto Otárola.
La denuncia también comprende a los exministros del Interior César Augusto Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero y al exministro de Defensa Jorge Luis Chávez.
"La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como Lima Metropolitana", indicó en la red social X.
Agregó que ha identificado a 75 víctimas "por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados".EFE
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