San Salvador, 8 may (EFE).- Abogados de organizaciones no gubernamentales denunciaron este jueves "deficiencias" en la Procuraduría General de El Salvador en la defensa de "víctimas" del régimen de excepción, medida implementada desde hace tres años en el país centroamericano contra las pandillas.
Los abogados Alejandro Díaz y Ovidio Mauricio de la organización de derechos humanos Tutela Legal 'María Julia Hernández' y representantes del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) entregaron en la sede de la Procuraduría, en San Salvador, un escrito en las que expusieron estas deficiencias.
Díaz explicó a periodistas que en el escrito, dirigido al procurador general, Rene Gustavo Escobar, se expone principalmente la deficiencia en el trabajo de los abogados públicos asignados a personas detenidas en el contexto del régimen de excepción.
Señaló que la Procuraduría "lleva el 80 % de representación legal en un igual porcentaje de casos", por lo que es "importante que esta institución garantice, a tres años de régimen, diligencia y respuesta a las familias de las personas detenidas arbitrariamente".
"Solicitamos que se agilice la atención, que se fortalezca la procuraduría, que en los últimos meses se ha debilitado y ha despedido a defensores públicos", dijo.
Entre tanto, el abogado Ovidio Mauricio denunció que los abogados públicos de esta institución "no están cumpliendo con el papel que les corresponde", más bien "parecen cómplices de quienes están reprimiendo a la población".
Apuntó que "algunos defensores públicos no exigen pruebas contundentes, no reciben la documentación que los familiares de las personas detenidas presentan para comprobar la inocencia de su pariente y eso les vuelve cómplices".
"La misión de la procuraduría es defender a los pobres, a los marginados, a los vulnerables", añadió.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 30 de abril la prórroga 38 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para "combatir" a las pandillas, por "la aún existencia de grupos terroristas" en el país, por lo que algunas garantías constitucionales siguen suspendidas por un período de al menos 30 días más.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.900 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de "permanente -y no temporal- de control social".EFE
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