Antonio Broto
Ginebra, 30 abr (EFE).- El Gobierno de España presentó este miércoles ante la ONU los avances en materia de derechos humanos que el país ha logrado desde 2020, entre los que citó la nueva Ley de Memoria Democrática, la denominada "Ley Trans" o la aprobación del ingreso mínimo vital.
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El Consejo de Derechos Humanos sometió a España a su cuarta revisión periódica (tras las de 2010, 2015 y 2020), en la que la delegación española, con representantes de 10 ministerios, subrayó su compromiso con las libertades fundamentales y su voluntad de participar en este tipo de debates, en los que el resto de miembros de la ONU emiten recomendaciones al que es objeto de revisión.
"Nuestro compromiso con los derechos humanos se ve reflejado en nuestras políticas públicas (...) así como en toda nuestra acción exterior, aunque todavía existen desafíos y retos", destacó el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, quien encabezó la delegación española.
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El secretario de Estado citó entre otros progresos la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, aprobada en 2023.
Esa nueva normativa, entre otras cosas, modifica el sexo registral en los documentos oficiales, "reconociendo la voluntad libremente manifestada y eliminado la mayoría de edad para solicitar la rectificación", recordó.
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La Ley de Memoria Democrática de 2022, que sustituyó a la ley de Memoria Histórica de 2007, "se articuló en torno a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", afirmó Martínez Belío.
En la anterior revisión del Consejo de Derechos Humanos en 2020 distintos países pidieron una mayor atención a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, algo a lo que España ha respondido con la financiación de operaciones de búsqueda de desaparecidos, entre otras medidas citadas por la delegación.
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En el plano económico, la nueva Ley del Ingreso Mínimo Vital "respondió al grave problema de desigualdad de renta entre los hogares españoles" y beneficia a unas 700.000 familias, destacó el jefe de la delegación española.
Ante las recomendaciones de 2020 a España sobre la vivienda, la delegación española respondió que la ley dictada en este sentido en 2023 fue la primera que a nivel estatal busca desarrollar el derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución.
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Otras mejoras en los últimos cinco años, según el secretario de Estado, incluyeron el refuerzo de las medidas de protección y asistencia a las víctimas de violencia sexual, con una reforma del Código Penal para endurecer las penas y una modificación de la Ley del Enjuiciamiento Criminal.
"Se ha desarrollado la estrategia estatal para combatir las violencias machistas y el tercer plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres", subrayó Martínez Belío, para afirmar que se ha incrementado la capacitación de jueces, fiscales, policías y otros profesionales en esta materia.
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Frente a los logros, hay "cuestiones y desafíos emergentes" en los que España está trabajando, aseguró el jefe de la delegación, quien mencionó al respecto esfuerzos para mejorar el derecho a un medio ambiente sano (incluido por primera vez en la lista de libertades fundamentales por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2021) o los derechos de las personas mayores.
El secretario de Estado también citó como nuevos retos de España en materia de derechos humanos el posible impacto en ellos de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para un país que además asume un importante reto demográfico. EFE
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